jueves, 11 de julio de 2013

LA FUNDACIÓN PROYECTA DEBERÍA DISOLVERSE

IU pide la disolución de la Fundación Proyecta por «irregularidades»
C.M. / Burgos - martes, 09 de julio de 2013
 
 Raúl Salinero quiere que se abra una investigación en la que comparezcan los exgerentes, Eduardo Escudero y Alejandro Sarmiento, que ostentó este cargo hasta el miércoles pasado
El grupo municipal de Izquierda Unida pidió ayer la convocatoria de una comisión de investigación y de una auditoría de cuentas de la Fundación Proyecta Burgos ante las irregularidades detectadas en un informe de Intervención. Su único concejal, Raúl Salinero, también reclama la total disolución de la entidad, heredera de la Fundación Burgos 2016 que fue creada para aspirar a la Capitalidad Europea de la Cultura.
El edil subrayó que en la comisión deberán comparecer el anterior gerente, Fernando Escudero, y el que ha ostentado el cargo hasta el pasado miércoles, fecha en la que presentó su dimisión, Alejandro Sarmiento, así como los funcionarios de Intervención. «También pediremos que la aportación municipal del 30% de subvención que queda por dar de 2012 no se libere e, incluso, tampoco la de 2013 hasta que no se haya celebrado esta comisión y se aclaren los hechos», indicó.
En este sentido, Salinero aseguró que los servicios técnicos han detectado una serie de «irregularidades» respecto a la aplicación de la Ley de contratos del Sector Público que deberían haber regido el funcionamiento de esta Fundación. «Además hemos visto que se ha producido un dedazo claro en una serie de contratos y no ha habido, ni por la decisión artística no político, ningún trabajo para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura. Ahora tenemos una serie de facturas que están sin justificar y unas contrataciones irregulares. Dado que ha dimitido el gerente, instamos a que se liquide el ejercicio de 2012 debido a que existe un pequeño superávit y que la Fundación Proyecta desaparezca antes de que entre en pérdidas, que no se sabe quién pagará después», añadió.
Raúl Salinero esgrimió los informes de control financiero de la entidad realizados desde los servicios de Intervención municipales para alegar que no existían unas condiciones internas de contratación (CIC) durante la gestión de Eduardo Escudero, normativa que se aprobó en diciembre de 2010, pero que sin embargo tampoco se tuvo en cuenta después en la adjudicación de algunos contratos vinculados a la candidatura y relacionados con la promoción.
También criticó el uso de una tarjeta Visa con la que se abonaron desplazamientos, hoteles y comidas sin estar «justificados y autorizados», así como la realización de un total de 60 viajes con vehículos municipales que supusieron un coste para el Ayuntamiento de 30.000 euros.
Finalmente, denunció los cambios producidos en los contratos de los responsables de la dirección artística,Mary Miller, y Anders Ryjkka, que hasta diciembre de 2009 tenían un contrato que les obligada a residir en Burgos, pero en enero de 2011 se cambia y la Fundación debe pagar su manutención y desplazamientos.
Fuente: Diario de Burgos

SARMIENTO TIENE QUE DIMITIR

Un informe precipita la dimisión de Sarmiento en la Fundación Proyecta
Á.M / Burgos - viernes, 05 de julio de 2013
El gerente del órgano en el que se cuecen multitud de iniciativas de márketing de ciudad, heredero de 2016, deja su puesto de forma irrevocable tras ser "acusado" por Intervención de incompatibilidad con el Instituto de la Lengua
El gerente de Proyecta Burgos, Alejandro Sarmiento, presentó el miércoles su dimisión irrevocable ante la Comisión Ejecutiva de la Fundación. El motivo es el profundo malestar causado por un informe de Intervención en el que se señalaban varias presuntas irregularidades en el control de la actuación de la por entonces Fundación 2016 en el año 2011, así que para entender lo sucedido hay que remontarse al 18 de septiembre de 2012.


En aquella fecha Intervención evacuó un informe previo en el que pedía una serie de aclaraciones relacionadas con distintos contratos, asientos contables, movimientos de personal y el uso de las tarjetas de crédito. Simplemente se requería más información para analizar la conveniencia de otorgar la subvención desde el Ayuntamiento a la Fundación, motivo por el que actúa el área de Intervención, que de salida no tendría capacidad fiscalizadora sobre la totalidad de la gestión de una Fundación.
El 5 de diciembre de 2012 Sarmiento remitió un completo expediente en el que aportaba toda la documentación requerida, así como la prueba de que cada movimiento realizado contó con el visto bueno por unanimidad del Patronato, en el que están representados todos los grupos políticos y varios agentes sociales de la ciudad y la provincia.
Una vez «consideradas» las alegaciones presentadas, Intervención elabora un nuevo informe al que da carácter de «definitivo». Esto ocurre el 13 de mayo de 2013. En dicho texto, y tal y como había demostrado Sarmiento en sus alegaciones, se pone de manifiesto que hasta que la Fundación decidió prescindir de los servicios del exgerente Eduardo Escudero al frente del ente no existían unas Instrucciones Internas de Contratación (ICC).


La traducción de eso es que hasta aquella fecha se procedió a la celebración de toda suerte de contratos sin observar los criterios de transparencia, mérito y capacidad que asisten también a organismos ajenos a la administración cuando están sostenidos mayoritariamente con fondos públicos. Pero, abunda el informe, durante 2011 también hubo contrataciones que, a su juicio, no se justificaron debidamente.
Del uso de la tarjeta de crédito se «acepta» el grueso de facturas presentadas, entre las que hay numerosas comidas, vuelos de los asesores artísticos contratados para 2016, hoteles y desplazamientos. Ocurre que cuando Burgos pasa el corte y accede al proceso final de 2016 (cabe recordar que Proyecta es heredera directa de la Fundación parida para pugnar por la Capitalidad) el propio jurado manifiesta su temor a que el equipo artístico, encabezado por Mary Miller, abandone el proyecto y estanque la evolución del mismo. Miller y su equipo hicieron valer los galones entregados con esa apreciación y fueron tratados con guante de seda... Pero eso es otra historia. Interesante, pero otra. En cualquier caso, Intervención lo zanja recomendando «reducir la utilización de la tarjeta para este tipo de gasto».


Y en el caso del personal contratado en aquellos años, más de lo mismo. El informe es contundente y refleja que se hizo sin observar los mínimos criterios que deberían converger en una Fundación fuertemente subvencionada. Sea como fuere, la práctica totalidad de estas observaciones poco o nada tienen que ver con la gestión de Sarmiento, puesto que o son herederas de una gestión previa a su llegada a la Fundación o no alcanzaba a su responsabilidad el determinar si convenía hacer tal o cual gasto. Entonces, ¿dónde está el problema?
El conflicto
En noviembre de 2010 la Fundación prescindió de su anterior gerente y se propuso a Sarmiento asumir el puesto. Se avaló su ‘candidatura’ con la experiencia acumulada en otra Fundación sostenida con capital público (el Instituto de la Lengua de Castellano y Leonés) y, previa presentación de presupuesto, se le encomendó el trabajo.
Ocurría que por aquel entonces 2016 ni siquiera tenía un presupuesto anual, por lo que se optó por celebrar varios contratos mercantiles, de forma que en lugar de integrar al personal como empleados, estos facturaban los servicios a la Fundación. Así se hizo con Miller y su equipo, así se hizo con Ignacio Niño (encargado del Marketing del proyecto) y así se hizo con Sarmiento (a través de una empresa de la que es el único titular).
Y es aquí donde se produce el problema. Según el informe de Intervención, al ser Sarmiento gerente de dos fundaciones «que se financian en más de un 50% con capital público» estaría incurriendo en un supuesto de incompatibilidad. Una situación, por resumir, contraria a la Ley. Dice además el informe que «no consta autorización de compatibilidad dictada por órgano competente» para desempeñar su trabajo en Proyecta. Y añade que no concurren en él los supuestos que le permitirían mantener esa doble condición.


Sin embargo, y tal y como consta en la documentación entregada ayer por Sarmiento a la Comisión Ejecutiva, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua aprobó, en noviembre de 2010 (menos de un mes antes de que fuera nombrado gerente de Proyecta) permitir «desarrollar de forma privada y por tiempo indefinido el libre ejercicio de la abogacía». Según consta en el Registro Mercantil, la empresa a través de la que Sarmiento ha ejercido el trabajo en Proyecta está consagrada, precisamente, al ejercicio de la abogacía.
La Junta de Castilla y León también tuvo conocimiento y aprobó la contratación, que fue aceptada por unanimidad, por el Patronato de la Fundación al considerar que Sarmiento era la persona más adecuada para el desempeño de esas funciones. En el presupuesto de 2011 sí figuraban ya los conceptos retributivos de los ‘asesores’ contratados mercantilmente, y así lo acreditó el propio secretario general del Ayuntamiento.
A esa documentación se ha añadido el informe del Protectorado de las fundaciones de la Junta de Castilla y León. En él se concluye que «el patronato tiene plena libertad para establecer de manera concreta la forma jurídica contractual que haya de revestir el desempeño de las funciones del gerente», abundando en que le corresponde a este órgano (como así consta en las actas del 30 de noviembre de 2010) decidir a quién y cómo contratar.
¿Y ahora, qué?
A pesar de la documentación aportada, y que según diversas fuentes consultadas por este periódico «es más que suficiente» para que no queden dudas sobre si se ha actuado conforme a Derecho o no, Sarmiento ha decidido tomar una decisión que ya intentó hacer efectiva cuando 2016 se transformó en Proyecta (en mayo de 2012) y que volvió a manifestar al término del ejercicio anterior. Fue el alcalde, Javier Lacalle, quien le pidió que permaneciera en el cargo, pero el revés del informe de Intervención ha precipitado su salida.


La pregunta ahora es cómo se gestionará una Fundación que solo para 2013 contará con cerca de medio millón de euros de fondos municipales y que tiene las cuentas saneadas. En principio, y según las mismas fuentes, parece que el director-gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuan, podría ir sacando el trabajo más inminente y evitar un atasco en la contratación. Sin embargo, desde la Vicepresidencia de la Fundación, que ostenta el concejal de Cultura, Fernando Gómez, ya se han hecho movimientos para cubrir esa plaza. Si cuajan esas intenciones, la solución a corto plazo vendría por Atapuerca.
Fuente: Diario de Burgos

BRACERAS DECLARA ANTE EL JUEZ

Braceras justifica en el juzgado los viajes que provocaron su dimisión

El exconcejal del PP declara como imputado ante la juez de instrucción tras la denuncia de PCAS por los presuntos delitos de malversación, estafa y tráfico de influencias
M. R. / Burgos

El exconcejal del Partido Popular (PP) Santiago González Braceras justificó en sede judicial como institucional el polémico viaje a Madrid en coche oficial en el que terminó viendo un partido de fútbol y que acabó con su carrera política. También dijo desconocer qué relaciones contractuales tenía la empresa Gopasa, fundada por él y gestionada posteriormente por sus hijos, con el Consistorio.

González Braceras declaró ayer como imputado en el juzgado de instrucción nº1 a raíz de la denuncia presentada por el Partido Castellano (PCAS) por presuntas irregularidades durante su periodo en el Ayuntamiento en el supuesto uso inadecuado de un coche oficial y la adjudicación de contratos a empresas que subcontrataban a una compañía a la que está vinculado familiarmente.

Según la denuncia presentada por el PCAS, el exedil del PP pudo incurrir en los presuntos delitos de malversación de caudales, estafa y tráfico de influencias. El exedil popular llegó a los juzgados de la avenida de Reyes Católicos alrededor de las 11.00 horas y abandonó la sede judicial poco después de las 12.30 horas sin contestar a las preguntas de los periodistas que esperaban a la puerta. Simplemente saludó y continuó su camino en compañía de su abogado, quien también rehusó atender a la prensa.

Durante el tiempo que prestó declaración, el exconcejal del PP respondió a las preguntas que le planteó la titular del Juzgado de Instrucción nº1, la Fiscalía y la acusación popular. Las respuestas sobre los asuntos que han motivado la denuncia en los juzgados fueron en general «vagas» y, en muchos casos «no recordaba muchas cosas», según indicó el abogado del PCAS Juan Carlos García.

Sobre el viaje en el coche oficial, González Braceras indicó que fue invitado por una empresa para participar en una actividad vinculada a su función municipal junto con el vicealcalde, Ángel Ibáñez. Fue en octubre de 2012 y se desplazaron en un coche oficial y, según declaró, tras terminar esta reunión le dijeron al chófer que regresara a Burgos y se quedaron a ver el partido de fútbol entre la selección española y la francesa. Al día siguiente, el conductor volvió a Madrid para ir a buscarles. Hay que recordar que este viaje lo reconoció en conversación con este periódico el pasado mes de febrero. Un día después presentaba su dimisión. Sobre el registro de estos viajes, el exedil indicó que había unas libretas en las que se anotaban y que el exalcalde Juan Carlos Aparicio mandó que solo se guardase lo del último año.

Menos claras fueron sus respuestas sobre su conocimiento y relación con la empresa Gopasa. Aseguró que no tiene «nada que ver» con esa empresa, que es ahora de sus hijos y que sabía nada de que realizara trabajos para el Ayuntamiento. También insistió en que nunca participó en adjudicaciones a esta compañía, que también estuvo a nombre de su esposa. El PCAS estudiará a partir de ahora el expediente, ya que ayer recibió la confirmación como acusación popular, para solicitar nuevas pruebas y testimonios.
Fuente: Correo de Burgos