HABER SI ESTA VEZ LA JUSTICIA ACTÚA

José Miguel Mateo, Rosario Pérez y Javier Ojer, UPyD CyL, comparecieron hoy en Burgos

Lunes, 23 de Diciembre de 2013

La Fiscalía ve indicios de delito en Caja de Burgos

La Fiscalía ve indicios de delito en algunas de las actuaciones del Consejo de Administración de la extinta Caja de Burgos y, después de seis meses desde que UPyD denunció supuestos casos de administración fraudulenta y desleal, el fiscal da traslado al Registro General para que se investigue desde el juzgado que corresponda.

El Fiscal Santiago Mena ha presentado la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en el Registro General de Burgos, para su reparto al Juzgado de Instrucción que corresponda en virtud al escrito presentado por UPyD el 20 de junio.

RADIO ARLANZÓN

UPyD tenía conocimiento de esta actuación del Fiscal el pasado viernes y la formación valora la actuación de la Fiscalía.      

Unión, Progeso y Democracia  apreció irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, quien recibió entre 2005 y 2010 un total de 34 millones en créditos de Caja de Burgos. Arribas y sus empresas acumularon el 93 % de los créditos que se concedieron a miembros de los órganos de dirección en esos seis años (la mayor parte del los créditos se concedieron a INDASA, una peletera instalada en Burgos que llevaba años de pérdidas y que finalmente dejó una deuda con Banca Cívica de unos 12 millones de euros. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011, y al cerrar en 2012 despidió a 95 empleados.   La formación magenta documentó, además, como estos créditos se concedieron en condiciones ventajosas, por debajo de los tipos de mercado vigentes y como se dieron sin las suficientes garantías. 

El otro hecho denunciado se trata del cobro irregular de diversas cantidades por parte de cinco miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Control de Caja de Burgos, entre febrero y junio de 2011 y en relación con el proceso de integración de la entidad con Banca Cívica (José Mª. Arribas, 61.000 €; Emilio Jordán, unos 27.000 euros, el vicealcalde del actual Ayuntamiento de Burgos, Ángel Ibáñez, habría percibido 24.000 €; y Julio Roberto González y Ángel Calvo que habrían cobrado cada uno 1.170 euros).           

Unión Progreso y Democracia vio desde el primer momento, que en Caja de Burgos se estaba siguiendo la misma dinámica que ha llevado a la quiebra a cuarenta de las cajas españolas y consideramos que toda esta documentación, junto con la investigación que realizaría el Ministerio Público, podría determinar la existencia de un delito de administración fraudulenta o desleal.   Han pasado seis meses y el fiscal ha actuado, UPyD se felicita de ello y agradece al fiscal su actuación ya que es conocedor que, pese al plazo de los seis meses, éste podría haber sido ampliado tanto como hubiera estimado oportuno. Queremos creer que en esta ocasión se ha actuado con diligencia y que han sido los retrasos originados en la entrega de la documentación solicitada a los requeridos los que han hecho que se apuren los plazos.   Por lo tanto, desde la formación magenta concluyen que respetando la “presunción de inocencia” que corresponde a todos los denunciados, el Fiscal ha apreciado que en los hechos denunciados existen “razonables indicios suficientes de ilegalidad” como para ser trasladada por el fiscal su denuncia a los juzgados de instrucción.    

Igualmente, desde UPyD quieren mostrar la voluntad de colaboración en todo momento con el juzgado que se haga cargo de este caso. La formación magenta confía en la Justicia y va a seguir poniendo en conocimiento de ella todos aquellos hechos que ilícitamente, en su opinión, han contribuido a la ruina de las Cajas de Ahorro.    

Fuente: Radio Arlanzón

DENUNCIA CONTRA EL APARCAMIENTO DISUASORIO, TAMBIÉN MANDADA A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

JUZGADO DECANO DE BURGOS

                 

Don Francisco Cabrerizo de León como vocal y representante de la Asociación Vecinal Las Eras de Gamonal y Federación de Asociaciones de vecinos “Francisco de Vitoria” de Burgos, con D.N.I .........., y domicilio a efecto de notificaciones en .................... en Burgos con C.P. 09007, y actuando por mandato de la Asociación Vecinal Las Eras de Gamonal ante el Juzgado comparezco y como mejor procedente sea en derecho.

DIGO: Que mediante el presente escrito presentamos DENUNCIA: contra: el Ayuntamiento de Burgos. Así mismo presentamos denuncia contra el resto de personas que de los hechos más adelante relatados pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad penal, la cual habrá de ser investigada y dirimida por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda.

La presente denuncia se basa en los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Se ha comenzado las obras de un aparcamiento disuasorio detrás de las Torres de Gamonal, en el Parque Gonzalo de Berceo, hace aproximadamente un mes realizadas por este Ayuntamiento.

SEGUNDO: Donde se están haciendo este aparcamiento esa zona está destinada en el Plan General de Ordenación Urbana al uso de espacios libres. Con forme a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León “ se prohíbe la compatibilidad en una misma parcela entre el uso de espacio libre público y cualquier otro, a excepción del uso deportivo público al aire libre, los usos no constructivos vinculados al ocio, el aparcamiento bajo rasante en condiciones que permita la plantación de especies vegetales en superficie y otros usos dotacionales; estos últimos no deben ocupar más del 10 por ciento de la superficie”.

Por lo tanto no puede hacerse un aparcamiento en esa zona como está haciendo el Ayuntamiento.

TERCERO: Desde nuestro punto de vista se ha hecho una resolución injusta a sabiendas que se hacía, Así viene en el Plan Director Gamonal Capiscol y en la realización del Bulevar de la Calle Vitoria.

SUPLICO AL JUZGADO: Sirva admitir este escrito, y en su virtud se tenga por presentada denuncia por si los hechos relatados pudieran ser constitutivos de delito, contra: el Ayuntamiento de Burgos y cuantas personas pudieran ser responsables de los delitos que se deriven de los hechos aquí relatados. 

Es justicia que pido en Burgos a 2  de Diciembre de 2013

Firmado.

Francisco Cabrerizo de León

NO TODOS LOS BURGALESES SOMOS IGUALES PARA ESTE EQUIPO DE GOBIERNO DEL P.P.

El exconsejero de Sanidad de Madrid recibirá 60.000 euros "municipales"

Á.M / Burgos - viernes, 06 de diciembre de 2013

 

El PSOE revela que es el dueño del Arco de San Juan, objeto de una subvención única

«Me indigno ante la desfachatez que tienen los que gobiernan pensando que esto es suyo y pueden hacer con la ciudad lo que les dé la gana y con otros que nunca tienen suficiente, que van de ultraliberales y en cuanto pueden le meten bocados a la administración pública». Esas fueron las primeras palabras del concejal socialista Antonio Fernández Santos al revelar que detrás del convenio de restauración del Arco de San Juan, que tiene reservada una partida presupuestaria de 60.000 euros en el presupuesto, hay algo que lo convierte en un caso único.
El inmueble ha resultado ser propiedad de Inversiones Lamela Campos, sociedad con ánimo de lucro de Manuel Lamela, burgalés de nacimiento y exconsejero de Sanidad y de Transportes de la Comunidad de Madrid. Actualmente está imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación.
En octubre la propiedad solicitó licencia de obras para efectuar la restauración integral de los miradores del Arco, una obra valorada en 120.000 euros. La mitad de ese dinero la pagará el Ayuntamiento en base a un convenio legitimado en su momento por el alcalde, Javier Lacalle, en que se trata de la única puerta antigua de la ciudad que no ha sido restaurada (cosa que es cierta) y que a través del acuerdo se permitiría que, una vez al mes, las personas que así lo desearan puedan entrar a visitar el inmueble.

Lo que no cuadra

Tampoco parece extraño que la ciudad se preocupe por mejorar la estética de un lugar neurálgico de la capital, pero las cosas cambian cuando se revisan las ayudas que se conceden a cualquier otro burgalés que pudiera plantear una intervención similar en el centro histórico.
«En el año 2000 la subvención máxima que se concedía a una comunidad de vecinos del centro era de 43.000 euros. En 2005 se añadieron otras, como en el pueblo antiguo de Gamonal, por un importe máximo de 48.000. En 2008 se incluyó que en ningún caso estas ayudas podrían recibirlas personas jurídicas o sociedades con ánimo de lucro (y de hecho alguna se denegó por esta causa), en 2010 se ratificó esa condición y, en agosto de 2012, la Junta de Gobierno dio por suspendidas todas las ayudas a la rehabilitación en el centro», concretó el concejal socialista.
Eso significa que ninguna comunidad de vecinos podría optar a una ayuda pública similar porque no las hay, pero si existieran en ningún caso podrían alcanzar a una sociedad mercantil y tampoco en esa cuantía. Es lo que hace de este convenio un caso único que el PSOE considera «una estrategia denigrante para darle 60.000 euros a un correligionario de Partido». Los socialistas exigen su anulación.

Fuente: Diario de Burgos

CALLEJA NO TIENE EXPLICACIONES

Dolores Calleja no aclara su gestión al frente de licencias ni las irregularidades denunciadas por PSOE e IU

La expectación en torno a las explicaciones de la concejal de Licencias, Dolores Calleja, por la polémica generada en torno a su gestión se han quedado en agua de borrajas.

Lejos de aclarar la polémica o proporcionar algún tipo de argumentación en torno a su trabajo y las acusaciones vertidas por el PSOE e IU acusándola de trato de favor a al menos un empresario, el dueño de Pecaditos-La Sirenita, Dolores Calleja se ha limitado, a través de un comunicado, a repetir las excusas que ya proporcionó esta mañana el portavoz del Equipo de Gobierno Local, Ángel Ibáñez, por las declaraciones de la concejal hacia el trabajo de los funcionarios.

En un escueto comunicado, Dolores Calleja se limita a ensalzar la figura del funcionario (no hay que olvidar que la propia edi lo es) y a defender el trabajo de éstos en ámbitos como el técnico, el jurídico, el administrativo, o los servicios auxiliares.

Pero la edil, lejos de aclarar por qué pide disculpas exactamente a los funcionarios, se limita a argumentar que las manifestaciones “que haya hecho o le hayan podido atribuir”, deben considerarse en el contexto de su propia naturaleza de funcionaria.

Sin embargo, Dolores Calleja no aporta ninguna información sobre la polémica de su gestión, actuaciones y demás trabajo que podría haber facorecido a determinados empresarios, en detrimento claro del resto de los ciudadanos.

Su actitud se ha asemejado a la criticada ya por la oposición tras la celebración de la última Comisión de Licencias, en la que se limitó a echar balones fuera y remitirse a los informes para no explicar cómo es posible que su intermediación en el caso Pecaditos-La Sirenita haya librado al propietario del grupo de alguna sanción y reducido otras.

Ni una palabra en el comunicado, tampoco, de su papel ante los expedientes sancionadores con irregularidades denunciados por la oposición, ni tampoco acerca de una gestión (la suya) criticada por muchos, hasta el punto de haber pedido en reiteradas ocasiones su dimisión en los últimos días.

Fuente: Canal54.es

SEÑORA CALLEJA VIVA LA ILEGALIDAD

Pese a las sanciones y los expedientes de Licencias, Pecaditos continúa utilizando los anclajes ilegales

Publicado el 03.12.13 | por Redacción

A menudo las administraciones se escudan en conceptos como los plazos o el desconocimiento para no actuar, pero en este caso ninguna de las excusas es válida. Es público y notorio, conocido por los ciudadanos y, a la luz de los expedientes, por el área de licencias del Ayuntamiento de Burgos, el incumplimiento de la Ordenanza de Veladores por parte de los establecimiento de Pecaditos.

Las sanciones existen, los expedientes están resueltos pero nada ha cambiado. Esta misma mañana incluso se veían colocadas las mesas de La Sirenita en la Plaza Mayor.

Más llamativos son los veladores colocados en los establecimiento de Pecaditos. Mesas ancladas a la pared que no aparecen recogidos en la Ordenanza de Veladores aprobada por le Ayuntamiento de Burgos. Esto también figura en los expedientes de licencias sobre esta empresa y, sin embargo, al margen del expediente los veladores siguen puestos.

Esto es una muestra del ritmo y la falta de voluntad de la administración, ya que si es por todos conocido que este tipo de mobiliario no puede colocarse, porqué a día de hoy se permite sin más que sigan puestos en los exteriores de los establecimientos de Pecaditos en la calle Emiliano Aguirre y en la calle Valentín Jalón.

En Burgos existen muchos hosteleros que no han podido colocar sus terrazas este año debido a las exigencias de la Ordenanza de Veladores y Terrazas al no poder hacer frente, entre otros, a los costes de los elementos obligatorios tales como separadores o “corralitos”. Sin embargo, pese a las sanciones, a estos establecimientos se les permite continuar su actividad pese a que los propios expedientes que obran en el Ayuntamiento de Burgos evidencian su irregularidad. Es más, estos expedientes hablan de reincidencia, una reincidencia que continúa ante la pasividad de la administración local.

Fuente: Canal54.es

EL TRATO DE FAVOR DEL PP

Pecaditos y La Sirenita se suman a la lista de establecimientos que, por uno u otro motivo, parecen gozar de un trato de favor

Publicado el 28.11.13 | por Redacción

Los últimos datos conocidos sobre la gestión del área municipal que dirige Dolores Calleja en relación a los establecimientos de Pecaditos y La Sirenita, arrojan dudas sobre la posibilidad de existencia de otros locales que gozan de un trato especial para el Ayuntamiento de Burgos.

Existen casos conocidos en los que el área de Dolores Calleja no actúa con la diligencia que debiera sin que se conozcan los motivos de esto. Sin ir más lejos, el Centro de Creación Musical cuenta con barras de bar colocadas a lo largo y ancho de todo el centro cultural sin tener licencia para ello o el restaurante Buenas Noches Burgos, que  viene funcionando con café-cantante (o similar) pese a que desde la Secreataría General se emitió informe que subrayaba que sólo podía funcionar como bar-restaurante. Quizás el caso más llamativo y más conocido ha sido el de la cafetería Polisón, en el Teatro Principal, un establecimiento que pasó de puntillas por los controles administrativos sin pagar y que, aún a día de hoy, sigue funcionando tranquilamente pese a existir un procedimiento abierto para su desahucio y convocatoria de nuevo concurso.

El caso es que junto con estos casos y los datos que vamos conociendo respecto a Pecaditos y La Sirenita, surge la duda de cuántos establecimientos (de hostelería o de otro gremio) están gozando del favor del área que dirige Dolores Calleja,  al hacer  la vista gorda o dejar pasar el tiempo.  Sería deseable que el propio Ayuntamiento de Burgos se adelantara a las explicaciones oportunas, si las hay, para evitar que crezca la desconfianza de los ciudadanos sobre una admistración que trabaja a dos tiempos en función del empresario.

Fuente: Canal54.es

ALGO RARO PASA EN ESTA CIUDAD

Izquierda Unida investigará a fondo los expedientes de Pecaditos y La Sirenita

Publicado el 27.11.13 | por Redacción

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Burgos, Raúl Salinero, ha avanzado que pretende investigar a fondo los expedientes relacionados con los establecimientos de Pecaditos y La Sinerita de la ciudad de Burgos, tras conocer el indulto de alguna sanción por parte del propio Ayuntamiento.

No es nueva la polémica existente entorno a esta franquicia, ya el pasado mes de agosto Canal54.es desvelaba las deudas existentes con algunos proveedores y el recelo que reinaba entorno a esta cuestión. Es más, quien opinase o comentase algo podía ser víctima de alguna amenazas.

Salinero ha reconocido hoy no tener datos suficientes pero se ha comprometido a ahondar en los expedientes que rezan falta de licencias y alguna sanción perdonada, cuestión que no puede realizar el Ayuntamiento de Burgos. Este hecho, de confirmarse, podría rozar la prevaricación por parte de la administración que no tiene potestad para indultar a un presunto infractor del pago de su multa.

¿Cómo deberían sentirse el resto de los ciudadanos y empresas al conocer que algunos gozan de manga ancha para continuar a pesar de las normas?

Fuente: Canal54.es

TODOS LOS BURGALESES QUEREMOS QUE SE HAGA JUSTICIA

UPyD exige que el caso ‘Caja de Burgos’ vaya ya al juzgado

Jue, 03/10/2013

Han pasado tres meses desde que el partido UPyD presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia contra el expresidente de Caja de Burgos José María Arribas y todos los miembros del consejo de administración por cometer supuestas irregularidades en la concesión de créditos por valor de 34 millones de euros a empresas vinculadas a Arribas entre los años 2005 y 2010. Y todo sigue igual, según explicó Javier Ojer, coordinador local de la formación magenta. 

La situación de paralización de este procedimiento se debe, según los representantes de UPyD, a las «obstrucciones» a la labor de la Fiscalía por parte del Banco de España y la Fundación Caja de Burgos. Ojer recordó que el fiscal jefe, Santiago Mena, lamentó que se haya pedido información a estas dos instituciones para completar las diligencias del caso y que no haya obtenido respuesta, «cuando están obligados por ley a responder», según Ojer. En este punto, a falta de tres meses para que se cumpla el plazo que tiene la Fiscalía para determinar si hay indicios de delito o no, cuando el caso debería derivarse a un juzgado de Instrucción. En opinión del coordinador territorial en funciones de UPyD, Rafael Delgado, es «triste ver cómo un fiscal pide información y no se le da». Y criticó que dar información no es que «si piden un documento no puedes enviar un camión de documentos». 

Las quejas hechas públicas por la Fiscalía respecto a este caso son un motivo más que esta formación considere que «hay irregularidades en la gestión y hechos punibles». Es más, según Delgado, «estamos más convencidos ahora». Lo que hace, añadió, que sea el momento para que esta denuncia pase a un juzgado. Respecto a si UPyD va a dar el paso de formular directamente la denuncia en el juzgado, Delgado aseguró que está «sobre la mesa», y reiteró el «máximo respeto a la actuación del fiscal». El líder regional de la formación magenta criticó que «hay personas en la política y los alrededores que piensan que son una casta aparte y que pueden hacer lo que quieran». 

La denuncia presentada en junio por UPyD indicaba que el 93% de los préstamos que Caja de Burgos concedió a miembros del consejo de administración fueron a parar a Arribas, para una empresa -Indasa-, de la que era el presidente del consejo, y que entró en concurso de acreedores. Según los abogados de este partido, los préstamos se apoyaron solo con garantías personales y sin control de la Junta. El expresidente de la entidad señaló entonces que se cumplió «escrupulosamente» con la legalidad.

Fuente: Correo de Burgos

ÁNGEL IBÁÑEZ DENUNCIADO

Francisco Cabrerizo y Raúl Salinero durante su intervención

IU lleva a Ángel Ibáñez a los tribunales

Izquierda Unida lleva a Ángel Ibáñez ante la Justicia por el caso T-System.

En su denuncia, la formación pide que se juzgue a quien fue concejal de Hacienda por dos presuntos delitos: prevaricación y tentativa de malversación.

RADIO ARLANZÓN

La formación pide que se juzgue a Ibáñez por su intento de que el Ayuntamiento de Burgos pagara una factura de 460.000 euros por la realización de unos trabajos extra de la empresa que no se han acreditado.

Izquierda Unida ha estado esperando a que el PSOE interpusiera una denuncia, una vez anunció que lo haría pero como no se ha dado el caso, el Grupo se ha adelantado y el pasado viernes presentaba la suya.   Este caso se remonta al año 2010 e incluso antes. En diciembre del 2006 el Ayuntamiento de Burgos sacó el pliego para acceder al contrato de programa informático de gestión tributaria, contrato “menor” sin publicidad por 200.000 euros. Se firmó en diciembre del 2007 y en él se establecían 60.000 euros, lo que costaría la implantación de la aplicación, sin posibilidad de ampliar esta partida. Los problemas empiezan en noviembre del 2008 cuando T-System presenta una factura por unos trabajos extra, 625 horas, y pide 505.000 euros, aunque propone una rebaja del 30%. En diciembre del 2009 se produce una reunión entre la empresa y Ángel Ibáñez, entonces concejal de Hacienda,  y a partir de ahí,  éste, según IU, decide que se pagarán 460.000 euros. Se encarga, aunque no se sabe quién, un informe que dice que se han hecho esas horas, y el 30 de diciembre del 2010 la Junta de Gobierno aprueba el pago, aunque incluso Intervención General está en desacuerdo. 

En abril del año 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos decide anular ese acuerdo de Junta de Gobierno porque ese pago “sin justificar” es lesivo para las arcas del Ayuntamiento y por estas razones, fundamentalmente por ese empeño de Ibáñez porque se pagara esta factura , IU ha decidido llevar ese asunto a los tribunales, ha manifestado Raúl Salinero, concejal de IU en el Ayuntamiento de Burgos.

Fuente: Radio Arlanzón

OTRA DENUNCIA QUE ARCHIVARÁ EL JUZGADO COMO SIEMPRE

IU lleva al juzgado el caso T-Systems y acusa a Ibáñez de cometer varios delitos

Á.M / Burgos - sábado, 07 de septiembre de 2013

Registró ayer la denuncia en la que atribuye al actual vicealcalde los delitos de «prevaricación y malversación en grado de tentativa»

Lo que el PSOE dijo hace medio año que haría y todavía no ha hecho sí lo hizo ayer Izquierda Unida. La coalición registró en los juzgados una denuncia contra el actual vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, por el denominado ‘caso T-Systems. En ella, acusa al número dos de Lacalle de haber cometido los «presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación», si bien en el texto se amplían esos supuestos a los de «estafa y falsedad documental».

El asunto arraiga en el año 2006, cuando el equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio, del que Ibáñez era el titular de Hacienda, decidió adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad un contrato de suministro de software, mantenimiento y formación a la citada empresa (por entonces TAO-Gedas). El acuerdo impedía sobrepasar esa cantidad y tampoco permitía modificaciones salvo que se iniciara el oportuno procedimiento administrativo, según se recoge en la denuncia, que se acompaña de los expedientes en los que se sustenta.

Sin embargo, T-Systems reclamó al Ayuntamiento el pago de más de medio millón de euros «en concepto de jornadas realizadas para trabajos de ampliación del contrato de gestión tributaria». En noviembre de 2009 se produjo una reunión bilateral «en la que se produjeron dos hechos relevantes». Por un lado se acordó la devolución de la fianza, algo «que no era pertinente teniendo en cuenta que según los informes técnicos no se había realizado la prestación de la totalidad del servicio», mientras que por otro lado «se acuerda abonar a la empresa la cantidad de 460.000 euros de los 505.035 de la factura presentada».

El texto considera que Ibáñez tomó esta decisión «de forma unilateral, como si fuera el propietario del Ayuntamiento y tuviera potestad para tomar esta clase de decisiones». Un año más tarde, y a propuesta del concejal, se llevó a la Junta de Gobierno un acuerdo para abonar la factura y liberar la partida presupuestaria que permitiera hacer efectivo el pago, pero eso nunca sucedió porque ningún técnico avaló el abono e Intervención se negó a hacerlo.

La anulación

La denuncia considera que difícilmente se pudo cometer un error en el cálculo  («un 200% más») de lo que habría que pagar a la empresa suministradora de estos servicios, motivo por el que incide en que limitarlo a 200.000 euros permitía, conforme a la normativa, adjudicarlo a quien se considerara oportuno «aún a sabiendas de que el presupuesto del trabajo contratado habría de ser forzosamente superior».

En marzo de este año el PSOE anunció la interposición de una querella contra Ibáñez por estos hechos, pero, al menos que conste, nunca llego a registrarla. El equipo de Gobierno inició entonces los trámites para anular la factura (que T-Systems sigue reclamando) y se emitieron diversos informes por parte de los funcionarios que podían arrojar algo de luz sobre lo sucedido. De esos informes se desprende nuevamente que nadie firmó esos trabajos, lo que a juicio del letrado de la coalición «podría dar lugar a un presunto delito de estafa en connivencia con los responsables municipales».

La Junta de Gobierno acordó anular el acuerdo de 2010 reconociendo explícitamente que «puede causar un importante perjuicio económico a las arcas municipales». Pasó por el Pleno en mayo.

Fuente: Diario de Burgos

EL AYUNTAMIENTO TRATA DE DISTINTA MANERA A LOS HOSTELEROS

Un pelotazo hostelero:El Vagón del Castillo + El BNB por 200€ al mes

Publicado el 20.08.13 | por Canal 54

Ni el Ayuntamiento les exige cumplir con los requisitos de sus respectivas licencias, ni les cobra(en el caso del Vagón) la correspondiente tasa por ocupación del suelo público que realmente ocupan , ni se les exige el cumplimiento de la ordenanza de ruidos, ni la de terrazas y veladores (destrozando un entorno natural colocando mesas y sillas donde les dá la gana), ni se les exige el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre,…, y todo ello pagando 150€ iva incluído/mes por el Vagón del Castillo y 50€ iva incluído/mes por el Restaurante Mirador del Castillo (EL BNB).Mientras  la hostelería de tarde  noche, con negocios situados en los bajos de los distintos edificios de Burgos no pueden pagar la renta de los mismos, ni los propietarios de los locales están dispuesto a asumir más de un 70% de caida en la facturación desde 2011, y reducir los alquileres, desde que el mundo es mundo, hay unos hosteleros a los que sin saber nadie porqué, ni quien está detrás de todo ello, se les permite todo.Nos referimos a la sociedad Cinco Rosales SA, gestores en su día del Quinta Avenida y desde hace más de 5 años del Bar Restaurante El Mirador del Castillo (BNB) y del Vagón del Castillo.

¿Han visto ustedes “el corralito”-acotamiento de las mesas y sillas de una terraza-en el Vagón del Castillo,…? ¿Han visto que algún funcionario responsable de la protección del medio natural haya inspeccionado el daño que estos estableciminetos está realizando en el Parque Fortaleza del Castillo?

Además, y por si fuera poco el Ayuntamiento organiza conciertos subvencionados en establecimineto que no tiene licencia para ello, El Vagón del Castillo, CUYA CONCESION LO FUE PARA UN KIOSKO DE BEBIDAS Y REFRESCOS, que sólo y únicamente sirven para que estos hosteleros aumenten sus beneficios a costa del erario público.Realmente debiéramos decir que organiza conciertos en El Castillo, para beneficio exclusivo de los concesioarios de El Vagón.Todo por supuesto siempre escondido bajo la bandera de la promoción cultural, término utilizado con frecuencia por todos “los modernos” de esta país cuando realizan alguna actividad ilegal.Tras ser cuestionada lo primero que hacen es hablar de que difunden la cultura y del maravilloso trabajo que hacen en favor de la sociedad. Eso sí cobrando entrada o vendiendo copas. Osea que de filantropía nada de nada.

Llegados a este punto, conviene recordar que el mal denominado BNB, es el Restaurante Mirador de El Castillo, y que su licencia lo es “EXCLUSIVAMENTE” para la actividad de  bar restaurante , por lo que ni puede realizar conciertos, ni actuaciones, ni cobrar entrada, ni nada de lo que lleva años realizando por 50€ al mes.Y todo ello ante la pasividad y tolerancia absoluta de los agentes de policía, fiscalía de medio ambiente  y responsables políticos y funcionariales del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y León sobre la materia.

Alejados de este “mundo feliz”, el resto de los negocios hosteleros de Burgos son objetos de multas por excesos en los niveles acústicos y se les exige bajo imposición de cuantiosas multas la instalación de limitadores de ruido.¿Alguien sabe dónde está el de El Vagón del Castillo o el BNB?.La bromita cuesta más de 3000€ y un contrato de mantenimiento de 500 o 600€ al año, que como hemos visto el Ayuntamiento olvida obligar a instalar a estos negocios.

Por otra parte, no podemos olvidar que la concesión demanial de El Vagón del Castillo, lo fué para el espacio que ocupa el Vagón de tren allí instalado, pero que por utilizar una mayor superficie hay que pagar más.Pero el Ayuntamiento lleva años olvidandolo -como hizo en el caso Espolón-.

A buen seguro, los responsables del Ministerio de  Defensa, deberán exigir en la nueva cesión de los terrenos de la Fortaleza del Castillo de Burgos al Ayuntamiento de Burgos, al igual que lo hizo Patrimonio con El Parral, que se garantice que en el parque del castillo ni se va a permitir realizar Botellones(“el pan nuestro de cada día”), ni actividades de ocio nocturno-Conciertos-Fiestas de DJ´s, ni nada que desnaturalice la esencia, usos  y protección acústica de la que siempre debe gozar un entorno natural como El Castillo.

Fuente: Canal54.es

TODO ESTO HUELE MAL

La Fiscalía investiga la denuncia contra el consejo de Caja de Burgos

La acción de UPyD alienta el interés de Anticorrupción para depurar si se concedieron créditos dudosos y dietas irregulares

Sab, 27/07/2013

 

La Fiscalía de Burgos ha iniciado diligencias de investigación para confirmar la veracidad de los datos denunciados por UPyD el pasado mes de junio sobre presuntas irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Caja Burgos y pagos irregulares a algunos directivos.

Según la denuncia de esa formación política, el presidente de Caja Burgos, José María Arribas, recibió entre 2005 y 2010 un total de 34 millones en créditos de esta misma entidad.

De hecho, según el abogado de UPyD, Diego Paños, Arribas y sus empresas acumularon el 93 por ciento de los créditos que la entidad de ahorro burgalesa concedió a miembros de sus órganos de dirección en esos seis años.

La parte principal de estos créditos fue a parar a Indasa, una peletera instalada en Burgos que llevaba años de pérdidas y que finalmente dejó una deuda con Banca Cívica de unos 12 millones de euros.

La empresa entró en concurso de acreedores en 2011 y cerró en 2012 dejando a 95 empleados en la calle.

Aunque la denuncia se presentó ante la Fiscalía Superior de Castilla y León, éste órgano remitió un oficio encargando la investigación a la Fiscalía de Burgos, ya que en el periodo denunciado Caja Burgos era aún una caja de ahorros municipal.

Fuente: Correo de Burgos

PEÑA SEÑALADO POR BARCENAS

DOS MIEMBREOS DEL PP SEGÚN BARCENAS COBRARON DE LA CAJA B DEL PP

El ex alcalde Peña figura entre los señalados por Bárcenas

El ex tesorero declara ante el juez que entregó 188.000 euros con destino al regidor tras su condena en el caso de la construcción

Mar, 30/07/2013

J. MANSO /M.M. / Madrid / Burgos

La declaración como imputado que prestó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el pasado 15 de julio deja al descubierto la supuesta conexión burgalesa en la contabilidad B de la formación política. Dos nombres relevantes en la política local con trascendencia, por distintas razones, a la escena nacional han sido señalados por Luis Bárcenas, se trata del ex regidor capitalino independiente José María Peña y del también anterior alcalde del PP, ministro de Trabajo en el año 2000 y actual diputado, Juan Carlos Aparicio (ver El Mundo del pasado domingo).

Sorprende especialmente el caso de Peña, porque, de ser ciertas las revelaciones del ex tesorero que permanece en prisión desde hace un mes, la hacienda negra del PP habría abonado en tres presuntas entregas de dinero un total de 188.000 euros (más de 30 millones de las extintas pesetas) a un dirigente político independiente, no adscrito al PP, aunque en aquellos años gobernara en coalición con los populares. Estos pagos se habrían producido, al parecer, tras el procesamiento de Peña y su condena de inhabilitación por el sonado caso de la construcción en 1992.

Estas ‘compensaciones’ a «un tal Peña», según el declarante Bárcenas, aparecen en los papeles secretos del partido bajo la críptica anotación «entregar a Paco para Begoña». Se deduce, aunque este término no ha sido confirmado, que esta Begoña podría ser la antigua tesorera del partido Begoña Urquijo. El carismático alcalde burgalés fue condenado en el verano de 1992 a 12 años de inhabilitación por prevaricar para favorecer al constructor Méndez Pozo.

Fuente: Correo de Burgos

BRACERAS DECLARA ANTE EL JUEZ

Braceras justifica en el juzgado los viajes que provocaron su dimisión

El exconcejal del PP declara como imputado ante la juez de instrucción tras la denuncia de PCAS por los presuntos delitos de malversación, estafa y tráfico de influencias

Mie, 10/07/2013

M. R. / Burgos

El exconcejal del Partido Popular (PP) Santiago González Braceras justificó en sede judicial como institucional el polémico viaje a Madrid en coche oficial en el que terminó viendo un partido de fútbol y que acabó con su carrera política. También dijo desconocer qué relaciones contractuales tenía la empresa Gopasa, fundada por él y gestionada posteriormente por sus hijos, con el Consistorio.

González Braceras declaró ayer como imputado en el juzgado de instrucción nº1 a raíz de la denuncia presentada por el Partido Castellano (PCAS) por presuntas irregularidades durante su periodo en el Ayuntamiento en el supuesto uso inadecuado de un coche oficial y la adjudicación de contratos a empresas que subcontrataban a una compañía a la que está vinculado familiarmente.

Según la denuncia presentada por el PCAS, el exedil del PP pudo incurrir en los presuntos delitos de malversación de caudales, estafa y tráfico de influencias. El exedil popular llegó a los juzgados de la avenida de Reyes Católicos alrededor de las 11.00 horas y abandonó la sede judicial poco después de las 12.30 horas sin contestar a las preguntas de los periodistas que esperaban a la puerta. Simplemente saludó y continuó su camino en compañía de su abogado, quien también rehusó atender a la prensa.

Durante el tiempo que prestó declaración, el exconcejal del PP respondió a las preguntas que le planteó la titular del Juzgado de Instrucción nº1, la Fiscalía y la acusación popular. Las respuestas sobre los asuntos que han motivado la denuncia en los juzgados fueron en general «vagas» y, en muchos casos «no recordaba muchas cosas», según indicó el abogado del PCAS Juan Carlos García.

Sobre el viaje en el coche oficial, González Braceras indicó que fue invitado por una empresa para participar en una actividad vinculada a su función municipal junto con el vicealcalde, Ángel Ibáñez. Fue en octubre de 2012 y se desplazaron en un coche oficial y, según declaró, tras terminar esta reunión le dijeron al chófer que regresara a Burgos y se quedaron a ver el partido de fútbol entre la selección española y la francesa. Al día siguiente, el conductor volvió a Madrid para ir a buscarles. Hay que recordar que este viaje lo reconoció en conversación con este periódico el pasado mes de febrero. Un día después presentaba su dimisión. Sobre el registro de estos viajes, el exedil indicó que había unas libretas en las que se anotaban y que el exalcalde Juan Carlos Aparicio mandó que solo se guardase lo del último año.

Menos claras fueron sus respuestas sobre su conocimiento y relación con la empresa Gopasa. Aseguró que no tiene «nada que ver» con esa empresa, que es ahora de sus hijos y que sabía nada de que realizara trabajos para el Ayuntamiento. También insistió en que nunca participó en adjudicaciones a esta compañía, que también estuvo a nombre de su esposa. El PCAS estudiará a partir de ahora el expediente, ya que ayer recibió la confirmación como acusación popular, para solicitar nuevas pruebas y testimonios.

Fuente: Correo de Burgos

IMPUTAN A SANTIAGO GONZÁLEZ BRACERAS

La jueza imputa y cita a declarar al exconcejal Santiago González

Á.M / Burgos - viernes, 21 de junio de 2013    

El que fuera titular de Obras fue denunciado por el PCAS en el mes de marzo a través de un escrito que le acusaba de malversación, apropiación indebida, estafa y prevaricación

 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha imputado al exconcejal de Obras y Vías Públicas, Santiago González Braceras, para tomarle declaración el próximo jueves 4 de julio en relación a la denuncia presentada en marzo por el Partido Castellano (PCAS) ante el Juzgado de Guardia.
La iniciativa fue posterior al abandono voluntario de González de su acta de concejal, algo que se produjo en febrero alegando motivos de salud pero reconociendo que había cometido errores por los que pidió perdón a la ciudadanía. Fue el vicealcalde, Ángel Ibáñez, quien leyó un escueto comunicado que ratificó la dimisión después de que durante varios meses el exconcejal estuviera bajo el foco tras verse implicado en una serie de actuaciones municipales de las que no se dieron explicaciones demasiado convincentes.
Aún así los castellanistas decidieron ir más allá y presentaron una denuncia en la que le acusaban de ser presuntamente responsable de haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. La imputación se produce para que pueda declarar con todas las garantías legales y después de que la misma Sala instruyera diligencias para solicitar al Ayuntamiento la remisión de diversa documentación.
Entre los hechos que PCAS señaló en su escrito figuraban el presunto uso irregular de los vehículos oficiales del Ayuntamiento para asuntos particulares, la desaparición del libro de registros que incluía la relación de usuarios y destinos de esos vehículos, la subcontratación de empresas vinculadas a sus familiares por parte de otras que recibían contratos de la Concejalía que dirigía, su intervención en las comisiones y órganos que decidieron aprobar esos contratos, la realización de obras por cauces no estipulados en la Ley y el presunto uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación con «sustanciosas plusvalías».
La magistrada dictó el auto de citación a fecha 30 de mayo, aunque a los denunciantes todavía no se les ha citado para que se ratifiquen y se personen en la causa. Se da la coincidencia de que es la misma Sala que imputó, investigó y ordenó el archivo de la denuncia también presentada por los castellanistas contra otro exconcejal del PP, Eduardo Villanueva, en ese caso por el sonado asunto de los duplicados de tarjetas telefónicas.
González entró en el Salón de Plenos en 2003 de la mano de Juan Carlos Aparicio, con quien continuó en la legislatura siguiente. Repitió con Lacalle en 2011.

Fuente: Diario de Burgos

EL EXCONSEJO DE CAJA BURGOS DENUNCIADO

UPyD materializa en Anticorrupción la denuncia al exconsejo de Caja Burgos

Á.M / Burgos - viernes, 21 de junio de 2013

Asegura que los créditos a Arribas por valor de 34 millones supusieron «un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y de sus impositores» y que se adjudicaron a empresas abocadas al concurso

 

La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tiene en su poder una denuncia de 30 folios en la que UPyD señala a los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja de Burgos del año 2010 como presuntos responsables de un delito de administración desleal. Además, amplía sus miras hacia «todos aquellos que durante la labor instructora resulten eventualmente responsables de los hechos, inclusive aquellos administradores de hecho o de derecho y directivos de la mencionada Caja, el Gobierno de Castilla y León y cuantas personas pudieran tener responsabilidad en tales hechos».
El cuerpo principal del escrito se refiere a las «operaciones de crédito, aval o garantía a favor de sociedades controladas» por el entonces presidente, José María Arribas, y que se concedieron entre 2005 y 2010 a sociedades «de las que éste era partícipe en cuantía superior al 10%». Según el detalle de dichas operaciones, se firmaron 45 líneas de financiación, préstamos, créditos ICO o avales  por un valor total de 34,2 millones de euros, tal y como ya avanzó este periódico en su edición del miércoles.
Esas cantidades equivaldrían, siempre según UPyD, al 93,86% de todas las operaciones de Caja de Burgos con miembros del Consejo de Administración. Además del volumen, la denuncia insiste en que esos préstamos se firmaron en condiciones que «para nada se corresponden con los precios de mercado, sino que son mucho más ventajosas», lo que podría haber generado a Arribas un beneficio, con respecto a operaciones del mismo calado y en el mismo periodo de tiempo, de «1.300.000 euros».
En segundo lugar se hace hincapié en que la situación económica de algunas de las empresas que recibieron el dinero ya era crítica en aquellos momentos, y citan el ejemplo de Indasa, «que vino presentando pérdidas desde el año 2008» y «no ostentaba bienes inmuebles con los que pudiera prestar garantía alguna».
Por último, se refleja que «no consta la expresa autorización de la Consejería de Hacienda» a esas operaciones, algo que «es preceptivo por tratarse de cantidades que han sido prestadas a empresas vinculadas a un miembro del Consejo de Administración». Por lo expuesto, UPyD sintetiza que «todo lleva a pensar que estos créditos, por su importantísima cuantía, por su alta frecuencia, por sus condiciones claramente fuera del mercado y por la falta de garantías para su concesión (...) se conceden en razón de la persona que resulta directa o indirectamente financiada asumiendo Caja de Burgos un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y sus impositores».

Dietas ‘irregulares’

La otra causa relevante de la denuncia, aunque las cifras no son siquiera aproximadas, está vinculada al presunto cobro de comisiones contrarias a los estatutos de la entidad, que recogen que los miembros del Consejo únicamente podrán cobrar las dietas previamente establecidas por su asistencia a las reuniones del órgano o por desplazamientos.
Por contra, UPyD recoge que hubo dos pagos, uno en febrero de 2011 y otro en junio del mismo año, en concepto de «participación en los trabajos de organización, preparación, coordinación y control de las funciones desarrolladas en Banca Cívica». Los beneficiarios de esos pagos fueron el propio Arribas (61.056 euros en total), Emilio Jordán (26.922), Ángel Ibáñez (24.286)  y Ángel Calvo y Julio Roberto González, que eran el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Control Y que cobraron una cantidad residual (1.170 euros).
Precisamente a este órgano se alude en varias ocasiones, ya que se pide a Fiscalía que compruebe si los créditos citados anteriormente «fueron aprobados debidamente por la Comisión de Control» y se matiza que ésta «había asumido además las funciones de comité de auditoría». Lo curioso es que en ese organismo, y en aquellos años, estuvo presente el ahora portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso.
«Personalmente no creo que esté implicado, pero estaba allí y estoy seguro de que podrá dar las explicaciones oportunas», admitió Rafael Delgado, responsable regional de los ‘unionistas’. Javier Ojer, coordinador local de la formación, abundó en que Alonso «estará dispuesto a dar las explicaciones oportunas». Precisamente para que el caso no salpique a gente que no tenga relación reseñable con los hechos, ambos pidieron a la Fiscalía que «actúe en el mínimo tiempo posible».
Por último, y en referencia a las dietas mencionadas, se valora que «son ajenas al sistema de dietas previsto estatutariamente, son opacas y no constan en la información de gobierno corporativo ni en las auditorías de la entidad». Como posibles diligencias a instruir UPyD propone que se tome declaración a Arribas, a la administradora concursal de Indasa y al economista auxiliar del concurso, del que recomienda recabar el informe.
De la Junta de Castilla y León pide que se remitan los acuerdos aprobando los créditos y de CaixaBank, como sucesora del negocio financiero, la relación de las operaciones, las actas del Consejo de Administración, los expedientes de riesgos y las actas de la Comisión de Control. En último termino sugiere que se solicite directamente al Banco de España un estudio de las condiciones financieras de los préstamos concedidos.

Fuente; Diario de Burgos