PEÑA SEÑALADO POR BARCENAS

DOS MIEMBREOS DEL PP SEGÚN BARCENAS COBRARON DE LA CAJA B DEL PP

El ex alcalde Peña figura entre los señalados por Bárcenas

El ex tesorero declara ante el juez que entregó 188.000 euros con destino al regidor tras su condena en el caso de la construcción

Mar, 30/07/2013

J. MANSO /M.M. / Madrid / Burgos

La declaración como imputado que prestó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el pasado 15 de julio deja al descubierto la supuesta conexión burgalesa en la contabilidad B de la formación política. Dos nombres relevantes en la política local con trascendencia, por distintas razones, a la escena nacional han sido señalados por Luis Bárcenas, se trata del ex regidor capitalino independiente José María Peña y del también anterior alcalde del PP, ministro de Trabajo en el año 2000 y actual diputado, Juan Carlos Aparicio (ver El Mundo del pasado domingo).

Sorprende especialmente el caso de Peña, porque, de ser ciertas las revelaciones del ex tesorero que permanece en prisión desde hace un mes, la hacienda negra del PP habría abonado en tres presuntas entregas de dinero un total de 188.000 euros (más de 30 millones de las extintas pesetas) a un dirigente político independiente, no adscrito al PP, aunque en aquellos años gobernara en coalición con los populares. Estos pagos se habrían producido, al parecer, tras el procesamiento de Peña y su condena de inhabilitación por el sonado caso de la construcción en 1992.

Estas ‘compensaciones’ a «un tal Peña», según el declarante Bárcenas, aparecen en los papeles secretos del partido bajo la críptica anotación «entregar a Paco para Begoña». Se deduce, aunque este término no ha sido confirmado, que esta Begoña podría ser la antigua tesorera del partido Begoña Urquijo. El carismático alcalde burgalés fue condenado en el verano de 1992 a 12 años de inhabilitación por prevaricar para favorecer al constructor Méndez Pozo.

Fuente: Correo de Burgos

LA FUNDACIÓN PROYECTA DEBERÍA DISOLVERSE

IU pide la disolución de la Fundación Proyecta por «irregularidades»

C.M. / Burgos - martes, 09 de julio de 2013

 

 Raúl Salinero quiere que se abra una investigación en la que comparezcan los exgerentes, Eduardo Escudero y Alejandro Sarmiento, que ostentó este cargo hasta el miércoles pasado

El grupo municipal de Izquierda Unida pidió ayer la convocatoria de una comisión de investigación y de una auditoría de cuentas de la Fundación Proyecta Burgos ante las irregularidades detectadas en un informe de Intervención. Su único concejal, Raúl Salinero, también reclama la total disolución de la entidad, heredera de la Fundación Burgos 2016 que fue creada para aspirar a la Capitalidad Europea de la Cultura.

El edil subrayó que en la comisión deberán comparecer el anterior gerente, Fernando Escudero, y el que ha ostentado el cargo hasta el pasado miércoles, fecha en la que presentó su dimisión, Alejandro Sarmiento, así como los funcionarios de Intervención. «También pediremos que la aportación municipal del 30% de subvención que queda por dar de 2012 no se libere e, incluso, tampoco la de 2013 hasta que no se haya celebrado esta comisión y se aclaren los hechos», indicó.

En este sentido, Salinero aseguró que los servicios técnicos han detectado una serie de «irregularidades» respecto a la aplicación de la Ley de contratos del Sector Público que deberían haber regido el funcionamiento de esta Fundación. «Además hemos visto que se ha producido un dedazo claro en una serie de contratos y no ha habido, ni por la decisión artística no político, ningún trabajo para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura. Ahora tenemos una serie de facturas que están sin justificar y unas contrataciones irregulares. Dado que ha dimitido el gerente, instamos a que se liquide el ejercicio de 2012 debido a que existe un pequeño superávit y que la Fundación Proyecta desaparezca antes de que entre en pérdidas, que no se sabe quién pagará después», añadió.

Raúl Salinero esgrimió los informes de control financiero de la entidad realizados desde los servicios de Intervención municipales para alegar que no existían unas condiciones internas de contratación (CIC) durante la gestión de Eduardo Escudero, normativa que se aprobó en diciembre de 2010, pero que sin embargo tampoco se tuvo en cuenta después en la adjudicación de algunos contratos vinculados a la candidatura y relacionados con la promoción.

También criticó el uso de una tarjeta Visa con la que se abonaron desplazamientos, hoteles y comidas sin estar «justificados y autorizados», así como la realización de un total de 60 viajes con vehículos municipales que supusieron un coste para el Ayuntamiento de 30.000 euros.

Finalmente, denunció los cambios producidos en los contratos de los responsables de la dirección artística,Mary Miller, y Anders Ryjkka, que hasta diciembre de 2009 tenían un contrato que les obligada a residir en Burgos, pero en enero de 2011 se cambia y la Fundación debe pagar su manutención y desplazamientos.
Fuente: Diario de Burgos

SARMIENTO TIENE QUE DIMITIR

Un informe precipita la dimisión de Sarmiento en la Fundación Proyecta

Á.M / Burgos - viernes, 05 de julio de 2013

El gerente del órgano en el que se cuecen multitud de iniciativas de márketing de ciudad, heredero de 2016, deja su puesto de forma irrevocable tras ser "acusado" por Intervención de incompatibilidad con el Instituto de la Lengua

El gerente de Proyecta Burgos, Alejandro Sarmiento, presentó el miércoles su dimisión irrevocable ante la Comisión Ejecutiva de la Fundación. El motivo es el profundo malestar causado por un informe de Intervención en el que se señalaban varias presuntas irregularidades en el control de la actuación de la por entonces Fundación 2016 en el año 2011, así que para entender lo sucedido hay que remontarse al 18 de septiembre de 2012.

En aquella fecha Intervención evacuó un informe previo en el que pedía una serie de aclaraciones relacionadas con distintos contratos, asientos contables, movimientos de personal y el uso de las tarjetas de crédito. Simplemente se requería más información para analizar la conveniencia de otorgar la subvención desde el Ayuntamiento a la Fundación, motivo por el que actúa el área de Intervención, que de salida no tendría capacidad fiscalizadora sobre la totalidad de la gestión de una Fundación.

El 5 de diciembre de 2012 Sarmiento remitió un completo expediente en el que aportaba toda la documentación requerida, así como la prueba de que cada movimiento realizado contó con el visto bueno por unanimidad del Patronato, en el que están representados todos los grupos políticos y varios agentes sociales de la ciudad y la provincia.

Una vez «consideradas» las alegaciones presentadas, Intervención elabora un nuevo informe al que da carácter de «definitivo». Esto ocurre el 13 de mayo de 2013. En dicho texto, y tal y como había demostrado Sarmiento en sus alegaciones, se pone de manifiesto que hasta que la Fundación decidió prescindir de los servicios del exgerente Eduardo Escudero al frente del ente no existían unas Instrucciones Internas de Contratación (ICC).

La traducción de eso es que hasta aquella fecha se procedió a la celebración de toda suerte de contratos sin observar los criterios de transparencia, mérito y capacidad que asisten también a organismos ajenos a la administración cuando están sostenidos mayoritariamente con fondos públicos. Pero, abunda el informe, durante 2011 también hubo contrataciones que, a su juicio, no se justificaron debidamente.

Del uso de la tarjeta de crédito se «acepta» el grueso de facturas presentadas, entre las que hay numerosas comidas, vuelos de los asesores artísticos contratados para 2016, hoteles y desplazamientos. Ocurre que cuando Burgos pasa el corte y accede al proceso final de 2016 (cabe recordar que Proyecta es heredera directa de la Fundación parida para pugnar por la Capitalidad) el propio jurado manifiesta su temor a que el equipo artístico, encabezado por Mary Miller, abandone el proyecto y estanque la evolución del mismo. Miller y su equipo hicieron valer los galones entregados con esa apreciación y fueron tratados con guante de seda... Pero eso es otra historia. Interesante, pero otra. En cualquier caso, Intervención lo zanja recomendando «reducir la utilización de la tarjeta para este tipo de gasto».

Y en el caso del personal contratado en aquellos años, más de lo mismo. El informe es contundente y refleja que se hizo sin observar los mínimos criterios que deberían converger en una Fundación fuertemente subvencionada. Sea como fuere, la práctica totalidad de estas observaciones poco o nada tienen que ver con la gestión de Sarmiento, puesto que o son herederas de una gestión previa a su llegada a la Fundación o no alcanzaba a su responsabilidad el determinar si convenía hacer tal o cual gasto. Entonces, ¿dónde está el problema?

El conflicto

En noviembre de 2010 la Fundación prescindió de su anterior gerente y se propuso a Sarmiento asumir el puesto. Se avaló su ‘candidatura’ con la experiencia acumulada en otra Fundación sostenida con capital público (el Instituto de la Lengua de Castellano y Leonés) y, previa presentación de presupuesto, se le encomendó el trabajo.

Ocurría que por aquel entonces 2016 ni siquiera tenía un presupuesto anual, por lo que se optó por celebrar varios contratos mercantiles, de forma que en lugar de integrar al personal como empleados, estos facturaban los servicios a la Fundación. Así se hizo con Miller y su equipo, así se hizo con Ignacio Niño (encargado del Marketing del proyecto) y así se hizo con Sarmiento (a través de una empresa de la que es el único titular).

Y es aquí donde se produce el problema. Según el informe de Intervención, al ser Sarmiento gerente de dos fundaciones «que se financian en más de un 50% con capital público» estaría incurriendo en un supuesto de incompatibilidad. Una situación, por resumir, contraria a la Ley. Dice además el informe que «no consta autorización de compatibilidad dictada por órgano competente» para desempeñar su trabajo en Proyecta. Y añade que no concurren en él los supuestos que le permitirían mantener esa doble condición.

Sin embargo, y tal y como consta en la documentación entregada ayer por Sarmiento a la Comisión Ejecutiva, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua aprobó, en noviembre de 2010 (menos de un mes antes de que fuera nombrado gerente de Proyecta) permitir «desarrollar de forma privada y por tiempo indefinido el libre ejercicio de la abogacía». Según consta en el Registro Mercantil, la empresa a través de la que Sarmiento ha ejercido el trabajo en Proyecta está consagrada, precisamente, al ejercicio de la abogacía.
La Junta de Castilla y León también tuvo conocimiento y aprobó la contratación, que fue aceptada por unanimidad, por el Patronato de la Fundación al considerar que Sarmiento era la persona más adecuada para el desempeño de esas funciones. En el presupuesto de 2011 sí figuraban ya los conceptos retributivos de los ‘asesores’ contratados mercantilmente, y así lo acreditó el propio secretario general del Ayuntamiento.
A esa documentación se ha añadido el informe del Protectorado de las fundaciones de la Junta de Castilla y León. En él se concluye que «el patronato tiene plena libertad para establecer de manera concreta la forma jurídica contractual que haya de revestir el desempeño de las funciones del gerente», abundando en que le corresponde a este órgano (como así consta en las actas del 30 de noviembre de 2010) decidir a quién y cómo contratar.

¿Y ahora, qué?

A pesar de la documentación aportada, y que según diversas fuentes consultadas por este periódico «es más que suficiente» para que no queden dudas sobre si se ha actuado conforme a Derecho o no, Sarmiento ha decidido tomar una decisión que ya intentó hacer efectiva cuando 2016 se transformó en Proyecta (en mayo de 2012) y que volvió a manifestar al término del ejercicio anterior. Fue el alcalde, Javier Lacalle, quien le pidió que permaneciera en el cargo, pero el revés del informe de Intervención ha precipitado su salida.

La pregunta ahora es cómo se gestionará una Fundación que solo para 2013 contará con cerca de medio millón de euros de fondos municipales y que tiene las cuentas saneadas. En principio, y según las mismas fuentes, parece que el director-gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuan, podría ir sacando el trabajo más inminente y evitar un atasco en la contratación. Sin embargo, desde la Vicepresidencia de la Fundación, que ostenta el concejal de Cultura, Fernando Gómez, ya se han hecho movimientos para cubrir esa plaza. Si cuajan esas intenciones, la solución a corto plazo vendría por Atapuerca.

Fuente: Diario de Burgos

BRACERAS DECLARA ANTE EL JUEZ

Braceras justifica en el juzgado los viajes que provocaron su dimisión

El exconcejal del PP declara como imputado ante la juez de instrucción tras la denuncia de PCAS por los presuntos delitos de malversación, estafa y tráfico de influencias

Mie, 10/07/2013

M. R. / Burgos

El exconcejal del Partido Popular (PP) Santiago González Braceras justificó en sede judicial como institucional el polémico viaje a Madrid en coche oficial en el que terminó viendo un partido de fútbol y que acabó con su carrera política. También dijo desconocer qué relaciones contractuales tenía la empresa Gopasa, fundada por él y gestionada posteriormente por sus hijos, con el Consistorio.

González Braceras declaró ayer como imputado en el juzgado de instrucción nº1 a raíz de la denuncia presentada por el Partido Castellano (PCAS) por presuntas irregularidades durante su periodo en el Ayuntamiento en el supuesto uso inadecuado de un coche oficial y la adjudicación de contratos a empresas que subcontrataban a una compañía a la que está vinculado familiarmente.

Según la denuncia presentada por el PCAS, el exedil del PP pudo incurrir en los presuntos delitos de malversación de caudales, estafa y tráfico de influencias. El exedil popular llegó a los juzgados de la avenida de Reyes Católicos alrededor de las 11.00 horas y abandonó la sede judicial poco después de las 12.30 horas sin contestar a las preguntas de los periodistas que esperaban a la puerta. Simplemente saludó y continuó su camino en compañía de su abogado, quien también rehusó atender a la prensa.

Durante el tiempo que prestó declaración, el exconcejal del PP respondió a las preguntas que le planteó la titular del Juzgado de Instrucción nº1, la Fiscalía y la acusación popular. Las respuestas sobre los asuntos que han motivado la denuncia en los juzgados fueron en general «vagas» y, en muchos casos «no recordaba muchas cosas», según indicó el abogado del PCAS Juan Carlos García.

Sobre el viaje en el coche oficial, González Braceras indicó que fue invitado por una empresa para participar en una actividad vinculada a su función municipal junto con el vicealcalde, Ángel Ibáñez. Fue en octubre de 2012 y se desplazaron en un coche oficial y, según declaró, tras terminar esta reunión le dijeron al chófer que regresara a Burgos y se quedaron a ver el partido de fútbol entre la selección española y la francesa. Al día siguiente, el conductor volvió a Madrid para ir a buscarles. Hay que recordar que este viaje lo reconoció en conversación con este periódico el pasado mes de febrero. Un día después presentaba su dimisión. Sobre el registro de estos viajes, el exedil indicó que había unas libretas en las que se anotaban y que el exalcalde Juan Carlos Aparicio mandó que solo se guardase lo del último año.

Menos claras fueron sus respuestas sobre su conocimiento y relación con la empresa Gopasa. Aseguró que no tiene «nada que ver» con esa empresa, que es ahora de sus hijos y que sabía nada de que realizara trabajos para el Ayuntamiento. También insistió en que nunca participó en adjudicaciones a esta compañía, que también estuvo a nombre de su esposa. El PCAS estudiará a partir de ahora el expediente, ya que ayer recibió la confirmación como acusación popular, para solicitar nuevas pruebas y testimonios.

Fuente: Correo de Burgos

IMPUTAN A SANTIAGO GONZÁLEZ BRACERAS

La jueza imputa y cita a declarar al exconcejal Santiago González

Á.M / Burgos - viernes, 21 de junio de 2013    

El que fuera titular de Obras fue denunciado por el PCAS en el mes de marzo a través de un escrito que le acusaba de malversación, apropiación indebida, estafa y prevaricación

 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha imputado al exconcejal de Obras y Vías Públicas, Santiago González Braceras, para tomarle declaración el próximo jueves 4 de julio en relación a la denuncia presentada en marzo por el Partido Castellano (PCAS) ante el Juzgado de Guardia.
La iniciativa fue posterior al abandono voluntario de González de su acta de concejal, algo que se produjo en febrero alegando motivos de salud pero reconociendo que había cometido errores por los que pidió perdón a la ciudadanía. Fue el vicealcalde, Ángel Ibáñez, quien leyó un escueto comunicado que ratificó la dimisión después de que durante varios meses el exconcejal estuviera bajo el foco tras verse implicado en una serie de actuaciones municipales de las que no se dieron explicaciones demasiado convincentes.
Aún así los castellanistas decidieron ir más allá y presentaron una denuncia en la que le acusaban de ser presuntamente responsable de haber incurrido en los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida, estafa y prevaricación. La imputación se produce para que pueda declarar con todas las garantías legales y después de que la misma Sala instruyera diligencias para solicitar al Ayuntamiento la remisión de diversa documentación.
Entre los hechos que PCAS señaló en su escrito figuraban el presunto uso irregular de los vehículos oficiales del Ayuntamiento para asuntos particulares, la desaparición del libro de registros que incluía la relación de usuarios y destinos de esos vehículos, la subcontratación de empresas vinculadas a sus familiares por parte de otras que recibían contratos de la Concejalía que dirigía, su intervención en las comisiones y órganos que decidieron aprobar esos contratos, la realización de obras por cauces no estipulados en la Ley y el presunto uso de información privilegiada para la adquisición de bienes inmuebles y su posterior enajenación con «sustanciosas plusvalías».
La magistrada dictó el auto de citación a fecha 30 de mayo, aunque a los denunciantes todavía no se les ha citado para que se ratifiquen y se personen en la causa. Se da la coincidencia de que es la misma Sala que imputó, investigó y ordenó el archivo de la denuncia también presentada por los castellanistas contra otro exconcejal del PP, Eduardo Villanueva, en ese caso por el sonado asunto de los duplicados de tarjetas telefónicas.
González entró en el Salón de Plenos en 2003 de la mano de Juan Carlos Aparicio, con quien continuó en la legislatura siguiente. Repitió con Lacalle en 2011.

Fuente: Diario de Burgos

EL EXCONSEJO DE CAJA BURGOS DENUNCIADO

UPyD materializa en Anticorrupción la denuncia al exconsejo de Caja Burgos

Á.M / Burgos - viernes, 21 de junio de 2013

Asegura que los créditos a Arribas por valor de 34 millones supusieron «un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y de sus impositores» y que se adjudicaron a empresas abocadas al concurso

 

La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya tiene en su poder una denuncia de 30 folios en la que UPyD señala a los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja de Burgos del año 2010 como presuntos responsables de un delito de administración desleal. Además, amplía sus miras hacia «todos aquellos que durante la labor instructora resulten eventualmente responsables de los hechos, inclusive aquellos administradores de hecho o de derecho y directivos de la mencionada Caja, el Gobierno de Castilla y León y cuantas personas pudieran tener responsabilidad en tales hechos».
El cuerpo principal del escrito se refiere a las «operaciones de crédito, aval o garantía a favor de sociedades controladas» por el entonces presidente, José María Arribas, y que se concedieron entre 2005 y 2010 a sociedades «de las que éste era partícipe en cuantía superior al 10%». Según el detalle de dichas operaciones, se firmaron 45 líneas de financiación, préstamos, créditos ICO o avales  por un valor total de 34,2 millones de euros, tal y como ya avanzó este periódico en su edición del miércoles.
Esas cantidades equivaldrían, siempre según UPyD, al 93,86% de todas las operaciones de Caja de Burgos con miembros del Consejo de Administración. Además del volumen, la denuncia insiste en que esos préstamos se firmaron en condiciones que «para nada se corresponden con los precios de mercado, sino que son mucho más ventajosas», lo que podría haber generado a Arribas un beneficio, con respecto a operaciones del mismo calado y en el mismo periodo de tiempo, de «1.300.000 euros».
En segundo lugar se hace hincapié en que la situación económica de algunas de las empresas que recibieron el dinero ya era crítica en aquellos momentos, y citan el ejemplo de Indasa, «que vino presentando pérdidas desde el año 2008» y «no ostentaba bienes inmuebles con los que pudiera prestar garantía alguna».
Por último, se refleja que «no consta la expresa autorización de la Consejería de Hacienda» a esas operaciones, algo que «es preceptivo por tratarse de cantidades que han sido prestadas a empresas vinculadas a un miembro del Consejo de Administración». Por lo expuesto, UPyD sintetiza que «todo lleva a pensar que estos créditos, por su importantísima cuantía, por su alta frecuencia, por sus condiciones claramente fuera del mercado y por la falta de garantías para su concesión (...) se conceden en razón de la persona que resulta directa o indirectamente financiada asumiendo Caja de Burgos un riesgo extraordinario en perjuicio de los intereses generales de la entidad y sus impositores».

Dietas ‘irregulares’

La otra causa relevante de la denuncia, aunque las cifras no son siquiera aproximadas, está vinculada al presunto cobro de comisiones contrarias a los estatutos de la entidad, que recogen que los miembros del Consejo únicamente podrán cobrar las dietas previamente establecidas por su asistencia a las reuniones del órgano o por desplazamientos.
Por contra, UPyD recoge que hubo dos pagos, uno en febrero de 2011 y otro en junio del mismo año, en concepto de «participación en los trabajos de organización, preparación, coordinación y control de las funciones desarrolladas en Banca Cívica». Los beneficiarios de esos pagos fueron el propio Arribas (61.056 euros en total), Emilio Jordán (26.922), Ángel Ibáñez (24.286)  y Ángel Calvo y Julio Roberto González, que eran el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Control Y que cobraron una cantidad residual (1.170 euros).
Precisamente a este órgano se alude en varias ocasiones, ya que se pide a Fiscalía que compruebe si los créditos citados anteriormente «fueron aprobados debidamente por la Comisión de Control» y se matiza que ésta «había asumido además las funciones de comité de auditoría». Lo curioso es que en ese organismo, y en aquellos años, estuvo presente el ahora portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Burgos, Roberto Alonso.
«Personalmente no creo que esté implicado, pero estaba allí y estoy seguro de que podrá dar las explicaciones oportunas», admitió Rafael Delgado, responsable regional de los ‘unionistas’. Javier Ojer, coordinador local de la formación, abundó en que Alonso «estará dispuesto a dar las explicaciones oportunas». Precisamente para que el caso no salpique a gente que no tenga relación reseñable con los hechos, ambos pidieron a la Fiscalía que «actúe en el mínimo tiempo posible».
Por último, y en referencia a las dietas mencionadas, se valora que «son ajenas al sistema de dietas previsto estatutariamente, son opacas y no constan en la información de gobierno corporativo ni en las auditorías de la entidad». Como posibles diligencias a instruir UPyD propone que se tome declaración a Arribas, a la administradora concursal de Indasa y al economista auxiliar del concurso, del que recomienda recabar el informe.
De la Junta de Castilla y León pide que se remitan los acuerdos aprobando los créditos y de CaixaBank, como sucesora del negocio financiero, la relación de las operaciones, las actas del Consejo de Administración, los expedientes de riesgos y las actas de la Comisión de Control. En último termino sugiere que se solicite directamente al Banco de España un estudio de las condiciones financieras de los préstamos concedidos.

Fuente; Diario de Burgos

MESA REDONDA SOBRE LA CORRUPCIÓN EN BURGOS

MESA REDONDA SOBRE “LA CORRUPCIÓN EN BURGOS”

MIÉRCOLES 5 DE JUNIO. SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL. 19:30 HORAS

PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA PLATAFORMA ANTICORRUPCIÓN DE BURGOS

La recientemente constituida Plataforma Anti Corrupción y por la Transparencia de Burgos, realizará el próximo miércoles 5 de Junio, a las 19:30 horas, en la Sala Polisón del Teatro Principal de Burgos, una Mesa Redonda bajo el título “La Corrupción en Burgos” con el objeto de analizar comportamientos políticos, empresariales y financieros que han tenido lugar en Burgos y que encajan en el apartado de prácticas corruptas en el funcionamiento de instituciones públicas y entidades empresariales y financieras. Esta Mesa Redonda se constituye igualmente en el Acto de “presentación pública” de la Plataforma Anti Corrupción y por la Transparencia de Burgos, que lleva varias semanas de organización y trabajos internos y que además de por varias personas a título individual, está integrada por el PARTIDO CASTELLANO (PCAS), el partido ecologista EQUO, el partido SAIN, el Frente Cívico, Democracia Real Ya, la Asociación La Rueda, la Asociación de Vecinos Las Eras de Gamonal y la Federación de Asociaciones de Burgos "Francisco de Vitoria", y que espera que en breve, con el desarrollo de sus actividades públicas, se integren en la misma más personas, colectivos y entidades ciudadanas de Burgos.

La Mesa Redonda “La Corrupción en Burgos” estará moderada por Ana Moreno, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Burgos “Francisco de Vitoria” y participarán en la misma:

§         D. Luis Oviedo,  abogado y experto en temas ambientales, que hablará sobre “Aspectos Jurídicos y Judiciales de la Corrupción en Burgos y en España”.

§         D. Carlos Castiñeiras, miembro de Democracia Real Ya, que analizará “La Corrupción Financiera: el Saqueo de las Cajas de Ahorros y el escándalo de las Preferentes”.

§         D. Jorge Lara, abogado y miembro del partido SAIN, que desglosará “Los Casos de Corrupción que afectan a Burgos: hacia un Mapa de la Corrupción”.

§         D. Luis Marcos, secretario de organización del partido castellano PCAS, que analizará “La Corrupción en la Crisis Económica y la Regeneración Democrática en Burgos”.

§         D. José María Elena, coordinador del partido EQUO, que presentará “El Observatorio Anti-Corrupción y Propuestas pro Transparencia y Control en la ciudad de Burgos”.

Los objetivos que se ha marcado esta Plataforma se centran en analizar los casos de corrupción política y económica, determinar las modificaciones institucionales necesarias para fomentar la transparencia y la participación ciudadana para prevenir la corrupción y la realización de actividades de sensibilización y movilización en esta materia. También actuarán en ámbito judicial mediante denuncia de aquellos casos en que se puedan haber cometido delitos o violaciones de la legislación. Dentro de sus iniciativas por denunciar y erradicar las prácticas corruptas en las instituciones públicas, la Plataforma ha abierto tres “Antenas Anti Corrupción” en la ciudad de Burgos con la intención de informar a la ciudadanía de los casos de corrupción existentes en Burgos y para recibir las denuncias, quejas y documentación que los ciudadanos. Así mismo, la Plataforma Anti-Corrupción de Burgos ha abierto un Blog, donde se reúnen las informaciones generadas por este colectivo y que se encuentra en la dirección: http://anticorrupcionburgos.blogspot.com.es/ También, los ciudadanos pueden dirigirse al apartado de correos 4040, 09080-Burgos que ha abierto la Plataforma Anti-Corrupción de Burgos.

El pasado viernes, responsables de la Plataforma, se reunieron con la Jueza Decana de Burgos y el Fiscal Jefe Provincial, para presentarse y expresarles la enorme preocupación que genera entre la población la corrupción, reclamando actuaciones claras y compromisos reales en la persecución de este tipo de delitos.