El gerente de Proyecta Burgos, Alejandro Sarmiento, presentó el miércoles su dimisión irrevocable ante la Comisión Ejecutiva de la Fundación. El motivo es el profundo malestar causado por un informe de Intervención en el que se señalaban varias presuntas irregularidades en el control de la actuación de la por entonces Fundación 2016 en el año 2011, así que para entender lo sucedido hay que remontarse al 18 de septiembre de 2012.
En aquella fecha Intervención evacuó un informe previo en el que pedía una serie de aclaraciones relacionadas con distintos contratos, asientos contables, movimientos de personal y el uso de las tarjetas de crédito. Simplemente se requería más información para analizar la conveniencia de otorgar la subvención desde el Ayuntamiento a la Fundación, motivo por el que actúa el área de Intervención, que de salida no tendría capacidad fiscalizadora sobre la totalidad de la gestión de una Fundación.
El 5 de diciembre de 2012 Sarmiento remitió un completo expediente en el que aportaba toda la documentación requerida, así como la prueba de que cada movimiento realizado contó con el visto bueno por unanimidad del Patronato, en el que están representados todos los grupos políticos y varios agentes sociales de la ciudad y la provincia.
Una vez «consideradas» las alegaciones presentadas, Intervención elabora un nuevo informe al que da carácter de «definitivo». Esto ocurre el 13 de mayo de 2013. En dicho texto, y tal y como había demostrado Sarmiento en sus alegaciones, se pone de manifiesto que hasta que la Fundación decidió prescindir de los servicios del exgerente Eduardo Escudero al frente del ente no existían unas Instrucciones Internas de Contratación (ICC).
La traducción de eso es que hasta aquella fecha se procedió a la celebración de toda suerte de contratos sin observar los criterios de transparencia, mérito y capacidad que asisten también a organismos ajenos a la administración cuando están sostenidos mayoritariamente con fondos públicos. Pero, abunda el informe, durante 2011 también hubo contrataciones que, a su juicio, no se justificaron debidamente.
Del uso de la tarjeta de crédito se «acepta» el grueso de facturas presentadas, entre las que hay numerosas comidas, vuelos de los asesores artísticos contratados para 2016, hoteles y desplazamientos. Ocurre que cuando Burgos pasa el corte y accede al proceso final de 2016 (cabe recordar que Proyecta es heredera directa de la Fundación parida para pugnar por la Capitalidad) el propio jurado manifiesta su temor a que el equipo artístico, encabezado por Mary Miller, abandone el proyecto y estanque la evolución del mismo. Miller y su equipo hicieron valer los galones entregados con esa apreciación y fueron tratados con guante de seda... Pero eso es otra historia. Interesante, pero otra. En cualquier caso, Intervención lo zanja recomendando «reducir la utilización de la tarjeta para este tipo de gasto».
Y en el caso del personal contratado en aquellos años, más de lo mismo. El informe es contundente y refleja que se hizo sin observar los mínimos criterios que deberían converger en una Fundación fuertemente subvencionada. Sea como fuere, la práctica totalidad de estas observaciones poco o nada tienen que ver con la gestión de Sarmiento, puesto que o son herederas de una gestión previa a su llegada a la Fundación o no alcanzaba a su responsabilidad el determinar si convenía hacer tal o cual gasto. Entonces, ¿dónde está el problema?
El conflicto
En noviembre de 2010 la Fundación prescindió de su anterior gerente y se propuso a Sarmiento asumir el puesto. Se avaló su ‘candidatura’ con la experiencia acumulada en otra Fundación sostenida con capital público (el Instituto de la Lengua de Castellano y Leonés) y, previa presentación de presupuesto, se le encomendó el trabajo.
Ocurría que por aquel entonces 2016 ni siquiera tenía un presupuesto anual, por lo que se optó por celebrar varios contratos mercantiles, de forma que en lugar de integrar al personal como empleados, estos facturaban los servicios a la Fundación. Así se hizo con Miller y su equipo, así se hizo con Ignacio Niño (encargado del Marketing del proyecto) y así se hizo con Sarmiento (a través de una empresa de la que es el único titular).
Y es aquí donde se produce el problema. Según el informe de Intervención, al ser Sarmiento gerente de dos fundaciones «que se financian en más de un 50% con capital público» estaría incurriendo en un supuesto de incompatibilidad. Una situación, por resumir, contraria a la Ley. Dice además el informe que «no consta autorización de compatibilidad dictada por órgano competente» para desempeñar su trabajo en Proyecta. Y añade que no concurren en él los supuestos que le permitirían mantener esa doble condición.
Sin embargo, y tal y como consta en la documentación entregada ayer por Sarmiento a la Comisión Ejecutiva, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua aprobó, en noviembre de 2010 (menos de un mes antes de que fuera nombrado gerente de Proyecta) permitir «desarrollar de forma privada y por tiempo indefinido el libre ejercicio de la abogacía». Según consta en el Registro Mercantil, la empresa a través de la que Sarmiento ha ejercido el trabajo en Proyecta está consagrada, precisamente, al ejercicio de la abogacía.
La Junta de Castilla y León también tuvo conocimiento y aprobó la contratación, que fue aceptada por unanimidad, por el Patronato de la Fundación al considerar que Sarmiento era la persona más adecuada para el desempeño de esas funciones. En el presupuesto de 2011 sí figuraban ya los conceptos retributivos de los ‘asesores’ contratados mercantilmente, y así lo acreditó el propio secretario general del Ayuntamiento.
A esa documentación se ha añadido el informe del Protectorado de las fundaciones de la Junta de Castilla y León. En él se concluye que «el patronato tiene plena libertad para establecer de manera concreta la forma jurídica contractual que haya de revestir el desempeño de las funciones del gerente», abundando en que le corresponde a este órgano (como así consta en las actas del 30 de noviembre de 2010) decidir a quién y cómo contratar.
¿Y ahora, qué?
A pesar de la documentación aportada, y que según diversas fuentes consultadas por este periódico «es más que suficiente» para que no queden dudas sobre si se ha actuado conforme a Derecho o no, Sarmiento ha decidido tomar una decisión que ya intentó hacer efectiva cuando 2016 se transformó en Proyecta (en mayo de 2012) y que volvió a manifestar al término del ejercicio anterior. Fue el alcalde, Javier Lacalle, quien le pidió que permaneciera en el cargo, pero el revés del informe de Intervención ha precipitado su salida.
La pregunta ahora es cómo se gestionará una Fundación que solo para 2013 contará con cerca de medio millón de euros de fondos municipales y que tiene las cuentas saneadas. En principio, y según las mismas fuentes, parece que el director-gerente del Plan Estratégico, Mario Sanjuan, podría ir sacando el trabajo más inminente y evitar un atasco en la contratación. Sin embargo, desde la Vicepresidencia de la Fundación, que ostenta el concejal de Cultura, Fernando Gómez, ya se han hecho movimientos para cubrir esa plaza. Si cuajan esas intenciones, la solución a corto plazo vendría por Atapuerca.
Fuente: Diario de Burgos
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