ÁNGEL IBÁÑEZ DENUNCIADO

Francisco Cabrerizo y Raúl Salinero durante su intervención

IU lleva a Ángel Ibáñez a los tribunales

Izquierda Unida lleva a Ángel Ibáñez ante la Justicia por el caso T-System.

En su denuncia, la formación pide que se juzgue a quien fue concejal de Hacienda por dos presuntos delitos: prevaricación y tentativa de malversación.

RADIO ARLANZÓN

La formación pide que se juzgue a Ibáñez por su intento de que el Ayuntamiento de Burgos pagara una factura de 460.000 euros por la realización de unos trabajos extra de la empresa que no se han acreditado.

Izquierda Unida ha estado esperando a que el PSOE interpusiera una denuncia, una vez anunció que lo haría pero como no se ha dado el caso, el Grupo se ha adelantado y el pasado viernes presentaba la suya.   Este caso se remonta al año 2010 e incluso antes. En diciembre del 2006 el Ayuntamiento de Burgos sacó el pliego para acceder al contrato de programa informático de gestión tributaria, contrato “menor” sin publicidad por 200.000 euros. Se firmó en diciembre del 2007 y en él se establecían 60.000 euros, lo que costaría la implantación de la aplicación, sin posibilidad de ampliar esta partida. Los problemas empiezan en noviembre del 2008 cuando T-System presenta una factura por unos trabajos extra, 625 horas, y pide 505.000 euros, aunque propone una rebaja del 30%. En diciembre del 2009 se produce una reunión entre la empresa y Ángel Ibáñez, entonces concejal de Hacienda,  y a partir de ahí,  éste, según IU, decide que se pagarán 460.000 euros. Se encarga, aunque no se sabe quién, un informe que dice que se han hecho esas horas, y el 30 de diciembre del 2010 la Junta de Gobierno aprueba el pago, aunque incluso Intervención General está en desacuerdo. 

En abril del año 2013, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos decide anular ese acuerdo de Junta de Gobierno porque ese pago “sin justificar” es lesivo para las arcas del Ayuntamiento y por estas razones, fundamentalmente por ese empeño de Ibáñez porque se pagara esta factura , IU ha decidido llevar ese asunto a los tribunales, ha manifestado Raúl Salinero, concejal de IU en el Ayuntamiento de Burgos.

Fuente: Radio Arlanzón

PARA LOS JUZGADOS DE BURGOS NUNCA HAY DELITOS HABLANDO DEL AYUNTAMIENTO

Archivan las denuncias del cerrojazo porque no hubo violencia o coacción

Á.M - J.N. / Burgos - sábado, 07 de septiembre de 2013

El sindicato mayoritario en Policía Local, Izquierda Unida y Las Eras de Gamonal habían acudido a la Justicia señalando la presunta comisión de un delito de detención ilegal

No hubo delito de detención ilegal ni tampoco de coacciones. Sin el menor titubeo, el Juzgado de Instrucción número 4 se ha pronunciado sobre el polémico cerrojazo del Ayuntamiento que se produjo el pasado 10 de mayo y concluye el fallo decretando el archivo de la causa iniciada tras las denuncias presentadas por Izquierda Unida, la asociación vecinal Eras de Gamonal y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME).

En su argumentación, la magistrada recuerda que el artículo 172 del Código Penal deja claro que para que exista un delito de coacciones es necesario que el acto esté acompañado «de una conducta violenta, de intimidación o fuerza en las cosas». Algo, según sostiene, que «no concurrió» en el cierre temporal del Ayuntamiento.

Del mismo modo, respecto a la posible detención ilegal, que la parte denunciante argumentaba en el hecho de que el acceso principal estuvo bloqueado durante más de una hora y las puertas de emergencia se amarraron con cadenas y con un candado, el fallo aclara que debe existir un interés deliberado por encerrar o detener a una persona privándola de su libertad». Es más, incluso añade que «el derecho de la libertad deambulatoria o de circulación no es absoluto, sino que puede ser sometido a limitaciones». Eso sí, según algunos supuestos que permite la Ley. En cualquier caso, zanja toda duda al señalar que ese delito «exige que se actúe intencionada y dolosamente con plena conciencia» y sabiendo que la retención practicada es ilegal. En este sentido, apunta también que los hechos del cerrojazo «no han revelado una conducta coactiva».

Con todo esto, el archivo de la causa provocará que de forma inmediata se tenga que reabrir e expediente que, tras iniciarse las diligencias judiciales, quedó en suspenso en la Concejalía de Personal. Es decir, el cierre de la vía judicial implica retomar la vía administrativa. En cualquier caso, parece poco probable que exista interés en el equipo de Gobierno por dejar viva la polémica.

Las tres denuncias, que han sido enjuiciadas de forma conjunta, iban dirigidas contra el alcalde, Javier Lacalle, el concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, la Subdelegación del Gobierno, los más altos cargos de la Policía Local y contra el cuerpo de la Policía Nacional.

Cabe recordar que el conflicto se produjo con motivo de la celebración de un Pleno en el Ayuntamiento en el que se montó un dispositivo inédito para prohibir el acceso de los agentes de la Policía Local fuera de servicio. Estos protestaban por la decisión de Personal de modificar sus condiciones laborales. El equipo de Gobierno justificó la actuación como una medida preventiva para garantizar la celebración de la sesión plenaria. El intento de los manifestantes por penetrar en la Casa Consistorial propició la orden de cierre del intendente jefe.

Fuente: Diario de Burgos

OTRA DENUNCIA QUE ARCHIVARÁ EL JUZGADO COMO SIEMPRE

IU lleva al juzgado el caso T-Systems y acusa a Ibáñez de cometer varios delitos

Á.M / Burgos - sábado, 07 de septiembre de 2013

Registró ayer la denuncia en la que atribuye al actual vicealcalde los delitos de «prevaricación y malversación en grado de tentativa»

Lo que el PSOE dijo hace medio año que haría y todavía no ha hecho sí lo hizo ayer Izquierda Unida. La coalición registró en los juzgados una denuncia contra el actual vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez, por el denominado ‘caso T-Systems. En ella, acusa al número dos de Lacalle de haber cometido los «presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación», si bien en el texto se amplían esos supuestos a los de «estafa y falsedad documental».

El asunto arraiga en el año 2006, cuando el equipo de Gobierno de Juan Carlos Aparicio, del que Ibáñez era el titular de Hacienda, decidió adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad un contrato de suministro de software, mantenimiento y formación a la citada empresa (por entonces TAO-Gedas). El acuerdo impedía sobrepasar esa cantidad y tampoco permitía modificaciones salvo que se iniciara el oportuno procedimiento administrativo, según se recoge en la denuncia, que se acompaña de los expedientes en los que se sustenta.

Sin embargo, T-Systems reclamó al Ayuntamiento el pago de más de medio millón de euros «en concepto de jornadas realizadas para trabajos de ampliación del contrato de gestión tributaria». En noviembre de 2009 se produjo una reunión bilateral «en la que se produjeron dos hechos relevantes». Por un lado se acordó la devolución de la fianza, algo «que no era pertinente teniendo en cuenta que según los informes técnicos no se había realizado la prestación de la totalidad del servicio», mientras que por otro lado «se acuerda abonar a la empresa la cantidad de 460.000 euros de los 505.035 de la factura presentada».

El texto considera que Ibáñez tomó esta decisión «de forma unilateral, como si fuera el propietario del Ayuntamiento y tuviera potestad para tomar esta clase de decisiones». Un año más tarde, y a propuesta del concejal, se llevó a la Junta de Gobierno un acuerdo para abonar la factura y liberar la partida presupuestaria que permitiera hacer efectivo el pago, pero eso nunca sucedió porque ningún técnico avaló el abono e Intervención se negó a hacerlo.

La anulación

La denuncia considera que difícilmente se pudo cometer un error en el cálculo  («un 200% más») de lo que habría que pagar a la empresa suministradora de estos servicios, motivo por el que incide en que limitarlo a 200.000 euros permitía, conforme a la normativa, adjudicarlo a quien se considerara oportuno «aún a sabiendas de que el presupuesto del trabajo contratado habría de ser forzosamente superior».

En marzo de este año el PSOE anunció la interposición de una querella contra Ibáñez por estos hechos, pero, al menos que conste, nunca llego a registrarla. El equipo de Gobierno inició entonces los trámites para anular la factura (que T-Systems sigue reclamando) y se emitieron diversos informes por parte de los funcionarios que podían arrojar algo de luz sobre lo sucedido. De esos informes se desprende nuevamente que nadie firmó esos trabajos, lo que a juicio del letrado de la coalición «podría dar lugar a un presunto delito de estafa en connivencia con los responsables municipales».

La Junta de Gobierno acordó anular el acuerdo de 2010 reconociendo explícitamente que «puede causar un importante perjuicio económico a las arcas municipales». Pasó por el Pleno en mayo.

Fuente: Diario de Burgos

EL AYUNTAMIENTO TRATA DE DISTINTA MANERA A LOS HOSTELEROS

Un pelotazo hostelero:El Vagón del Castillo + El BNB por 200€ al mes

Publicado el 20.08.13 | por Canal 54

Ni el Ayuntamiento les exige cumplir con los requisitos de sus respectivas licencias, ni les cobra(en el caso del Vagón) la correspondiente tasa por ocupación del suelo público que realmente ocupan , ni se les exige el cumplimiento de la ordenanza de ruidos, ni la de terrazas y veladores (destrozando un entorno natural colocando mesas y sillas donde les dá la gana), ni se les exige el cumplimiento de los horarios de apertura y cierre,…, y todo ello pagando 150€ iva incluído/mes por el Vagón del Castillo y 50€ iva incluído/mes por el Restaurante Mirador del Castillo (EL BNB).Mientras  la hostelería de tarde  noche, con negocios situados en los bajos de los distintos edificios de Burgos no pueden pagar la renta de los mismos, ni los propietarios de los locales están dispuesto a asumir más de un 70% de caida en la facturación desde 2011, y reducir los alquileres, desde que el mundo es mundo, hay unos hosteleros a los que sin saber nadie porqué, ni quien está detrás de todo ello, se les permite todo.Nos referimos a la sociedad Cinco Rosales SA, gestores en su día del Quinta Avenida y desde hace más de 5 años del Bar Restaurante El Mirador del Castillo (BNB) y del Vagón del Castillo.

¿Han visto ustedes “el corralito”-acotamiento de las mesas y sillas de una terraza-en el Vagón del Castillo,…? ¿Han visto que algún funcionario responsable de la protección del medio natural haya inspeccionado el daño que estos estableciminetos está realizando en el Parque Fortaleza del Castillo?

Además, y por si fuera poco el Ayuntamiento organiza conciertos subvencionados en establecimineto que no tiene licencia para ello, El Vagón del Castillo, CUYA CONCESION LO FUE PARA UN KIOSKO DE BEBIDAS Y REFRESCOS, que sólo y únicamente sirven para que estos hosteleros aumenten sus beneficios a costa del erario público.Realmente debiéramos decir que organiza conciertos en El Castillo, para beneficio exclusivo de los concesioarios de El Vagón.Todo por supuesto siempre escondido bajo la bandera de la promoción cultural, término utilizado con frecuencia por todos “los modernos” de esta país cuando realizan alguna actividad ilegal.Tras ser cuestionada lo primero que hacen es hablar de que difunden la cultura y del maravilloso trabajo que hacen en favor de la sociedad. Eso sí cobrando entrada o vendiendo copas. Osea que de filantropía nada de nada.

Llegados a este punto, conviene recordar que el mal denominado BNB, es el Restaurante Mirador de El Castillo, y que su licencia lo es “EXCLUSIVAMENTE” para la actividad de  bar restaurante , por lo que ni puede realizar conciertos, ni actuaciones, ni cobrar entrada, ni nada de lo que lleva años realizando por 50€ al mes.Y todo ello ante la pasividad y tolerancia absoluta de los agentes de policía, fiscalía de medio ambiente  y responsables políticos y funcionariales del Ayuntamiento de Burgos y de la Junta de Castilla y León sobre la materia.

Alejados de este “mundo feliz”, el resto de los negocios hosteleros de Burgos son objetos de multas por excesos en los niveles acústicos y se les exige bajo imposición de cuantiosas multas la instalación de limitadores de ruido.¿Alguien sabe dónde está el de El Vagón del Castillo o el BNB?.La bromita cuesta más de 3000€ y un contrato de mantenimiento de 500 o 600€ al año, que como hemos visto el Ayuntamiento olvida obligar a instalar a estos negocios.

Por otra parte, no podemos olvidar que la concesión demanial de El Vagón del Castillo, lo fué para el espacio que ocupa el Vagón de tren allí instalado, pero que por utilizar una mayor superficie hay que pagar más.Pero el Ayuntamiento lleva años olvidandolo -como hizo en el caso Espolón-.

A buen seguro, los responsables del Ministerio de  Defensa, deberán exigir en la nueva cesión de los terrenos de la Fortaleza del Castillo de Burgos al Ayuntamiento de Burgos, al igual que lo hizo Patrimonio con El Parral, que se garantice que en el parque del castillo ni se va a permitir realizar Botellones(“el pan nuestro de cada día”), ni actividades de ocio nocturno-Conciertos-Fiestas de DJ´s, ni nada que desnaturalice la esencia, usos  y protección acústica de la que siempre debe gozar un entorno natural como El Castillo.

Fuente: Canal54.es

TODO ESTO HUELE MAL

La Fiscalía investiga la denuncia contra el consejo de Caja de Burgos

La acción de UPyD alienta el interés de Anticorrupción para depurar si se concedieron créditos dudosos y dietas irregulares

Sab, 27/07/2013

 

La Fiscalía de Burgos ha iniciado diligencias de investigación para confirmar la veracidad de los datos denunciados por UPyD el pasado mes de junio sobre presuntas irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Caja Burgos y pagos irregulares a algunos directivos.

Según la denuncia de esa formación política, el presidente de Caja Burgos, José María Arribas, recibió entre 2005 y 2010 un total de 34 millones en créditos de esta misma entidad.

De hecho, según el abogado de UPyD, Diego Paños, Arribas y sus empresas acumularon el 93 por ciento de los créditos que la entidad de ahorro burgalesa concedió a miembros de sus órganos de dirección en esos seis años.

La parte principal de estos créditos fue a parar a Indasa, una peletera instalada en Burgos que llevaba años de pérdidas y que finalmente dejó una deuda con Banca Cívica de unos 12 millones de euros.

La empresa entró en concurso de acreedores en 2011 y cerró en 2012 dejando a 95 empleados en la calle.

Aunque la denuncia se presentó ante la Fiscalía Superior de Castilla y León, éste órgano remitió un oficio encargando la investigación a la Fiscalía de Burgos, ya que en el periodo denunciado Caja Burgos era aún una caja de ahorros municipal.

Fuente: Correo de Burgos

PEÑA SEÑALADO POR BARCENAS

DOS MIEMBREOS DEL PP SEGÚN BARCENAS COBRARON DE LA CAJA B DEL PP

El ex alcalde Peña figura entre los señalados por Bárcenas

El ex tesorero declara ante el juez que entregó 188.000 euros con destino al regidor tras su condena en el caso de la construcción

Mar, 30/07/2013

J. MANSO /M.M. / Madrid / Burgos

La declaración como imputado que prestó el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el pasado 15 de julio deja al descubierto la supuesta conexión burgalesa en la contabilidad B de la formación política. Dos nombres relevantes en la política local con trascendencia, por distintas razones, a la escena nacional han sido señalados por Luis Bárcenas, se trata del ex regidor capitalino independiente José María Peña y del también anterior alcalde del PP, ministro de Trabajo en el año 2000 y actual diputado, Juan Carlos Aparicio (ver El Mundo del pasado domingo).

Sorprende especialmente el caso de Peña, porque, de ser ciertas las revelaciones del ex tesorero que permanece en prisión desde hace un mes, la hacienda negra del PP habría abonado en tres presuntas entregas de dinero un total de 188.000 euros (más de 30 millones de las extintas pesetas) a un dirigente político independiente, no adscrito al PP, aunque en aquellos años gobernara en coalición con los populares. Estos pagos se habrían producido, al parecer, tras el procesamiento de Peña y su condena de inhabilitación por el sonado caso de la construcción en 1992.

Estas ‘compensaciones’ a «un tal Peña», según el declarante Bárcenas, aparecen en los papeles secretos del partido bajo la críptica anotación «entregar a Paco para Begoña». Se deduce, aunque este término no ha sido confirmado, que esta Begoña podría ser la antigua tesorera del partido Begoña Urquijo. El carismático alcalde burgalés fue condenado en el verano de 1992 a 12 años de inhabilitación por prevaricar para favorecer al constructor Méndez Pozo.

Fuente: Correo de Burgos

LA FUNDACIÓN PROYECTA DEBERÍA DISOLVERSE

IU pide la disolución de la Fundación Proyecta por «irregularidades»

C.M. / Burgos - martes, 09 de julio de 2013

 

 Raúl Salinero quiere que se abra una investigación en la que comparezcan los exgerentes, Eduardo Escudero y Alejandro Sarmiento, que ostentó este cargo hasta el miércoles pasado

El grupo municipal de Izquierda Unida pidió ayer la convocatoria de una comisión de investigación y de una auditoría de cuentas de la Fundación Proyecta Burgos ante las irregularidades detectadas en un informe de Intervención. Su único concejal, Raúl Salinero, también reclama la total disolución de la entidad, heredera de la Fundación Burgos 2016 que fue creada para aspirar a la Capitalidad Europea de la Cultura.

El edil subrayó que en la comisión deberán comparecer el anterior gerente, Fernando Escudero, y el que ha ostentado el cargo hasta el pasado miércoles, fecha en la que presentó su dimisión, Alejandro Sarmiento, así como los funcionarios de Intervención. «También pediremos que la aportación municipal del 30% de subvención que queda por dar de 2012 no se libere e, incluso, tampoco la de 2013 hasta que no se haya celebrado esta comisión y se aclaren los hechos», indicó.

En este sentido, Salinero aseguró que los servicios técnicos han detectado una serie de «irregularidades» respecto a la aplicación de la Ley de contratos del Sector Público que deberían haber regido el funcionamiento de esta Fundación. «Además hemos visto que se ha producido un dedazo claro en una serie de contratos y no ha habido, ni por la decisión artística no político, ningún trabajo para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura. Ahora tenemos una serie de facturas que están sin justificar y unas contrataciones irregulares. Dado que ha dimitido el gerente, instamos a que se liquide el ejercicio de 2012 debido a que existe un pequeño superávit y que la Fundación Proyecta desaparezca antes de que entre en pérdidas, que no se sabe quién pagará después», añadió.

Raúl Salinero esgrimió los informes de control financiero de la entidad realizados desde los servicios de Intervención municipales para alegar que no existían unas condiciones internas de contratación (CIC) durante la gestión de Eduardo Escudero, normativa que se aprobó en diciembre de 2010, pero que sin embargo tampoco se tuvo en cuenta después en la adjudicación de algunos contratos vinculados a la candidatura y relacionados con la promoción.

También criticó el uso de una tarjeta Visa con la que se abonaron desplazamientos, hoteles y comidas sin estar «justificados y autorizados», así como la realización de un total de 60 viajes con vehículos municipales que supusieron un coste para el Ayuntamiento de 30.000 euros.

Finalmente, denunció los cambios producidos en los contratos de los responsables de la dirección artística,Mary Miller, y Anders Ryjkka, que hasta diciembre de 2009 tenían un contrato que les obligada a residir en Burgos, pero en enero de 2011 se cambia y la Fundación debe pagar su manutención y desplazamientos.
Fuente: Diario de Burgos