DOLORES CALLEJA DEBERÍA DE DIMITIR

PCAS pide que se cese a la concejala Dolores Calleja

Como secretaria municipal en Merindad de Río Ubierna, Calleja no impidió la concesión presuntamente ilegal de una licencia para construir 11 viviendas

Dicha licencia fue anulada por los tribunales, que exigieron la demolición de las construcciones. El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa

El Partido Castellano considera que Dolores Calleja no está habilitada para llevar el área de Licencias y Vivienda en Burgos capital

El Partido Castellano (PCAS) pide que se cese a la concejala de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, Dolores Calleja, al considerar que está “inhabilitada” para el  desarrollo de sus funciones municipales, ante su implicación en la presunta aprobación ilegal de una licencia en el Consistorio de Merindad de Río Ubierna, de donde es secretaria municipal. Implicación que está siendo investigada judicialmente, tras la presentación de una denuncia en 2012 por si su actuación en la concesión ilegalmente de una licencia de obras para 11 viviendas en Villaverde Peñahorada pudiese ser constitutivo de delito.

De acuerdo con el escrito presentado por el secretario de Organización del PCAS, Luis Marcos, en el registro del Ayuntamiento de Burgos, los hechos se remontan a 2005.  La Comisión de Gobierno de Merindad de Río Ubierna otorgó una licencia de obras para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, “de manera fehacientemente contraria a las nuevas normas subsidiarias de la localidad, y en particular, de las nuevas disposiciones relativas al retranqueo obligado de las construcciones a las vías interurbanas”. Por ese motivo,“el proyecto de construcción para el que se concedió licencia era inviable”.

Licencia anulada

“Estos hechos inhabilitan a Dolores Calleja para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda, que agrupa las áreas de Servicios y de Obras”. 

Dicha licencia de obras fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos nº2, en abril 2008, sentencia ratificada en marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por aquel entonces, recuerda Marcos, Dolores Calleja, era secretaria del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna (y sigue siéndolo en la actualidad), por lo que era “la máxima responsable administrativa” en la tramitación de las licencias, pero en el expediente no se incluye ningún tipo de informe jurídico en el que se advierta de que la concesión de esas licencias era inviable.

El propio Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna califica, en un Decreto de Alcaldía de 2011, “de desidia incomprensible, que como mínimo debe ser calificado de imprudente y desde luego, de negligente”, la gestión de Calleja, insistiendo en que “el desconocimiento de la normativa urbanística aplicable y de la normativa administrativa son inexcusables, configurando un claro supuesto de falta de diligencia en el ejercicio profesional del cargo, causando un grave quebranto al Ayuntamiento”. Y es que, según el PCAS, hubo numerosas denuncias de particulares, así como recursos administrativos y jurisdiccionales, pero la secretaria no emitió ningún informe al respecto.

Indemnizaciones

Las 11 viviendas de Villaverde Peñahorada fueron construidas con una licencia ilegal, anulada judicialmente, con la obligación de retrotraer las actuaciones urbanísticas a su situación inicial, según explican desde PCAS. Esto quiere decir que se obligó a derribar los edificios, aunque, a fecha de hoy, dicho derribo aún no se  ha producido. Sí existe un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa constructora, Redebur, para indemnizarla con 1.300.000 euros por todos los conceptos, de los cuales ya ha percibido 500.000 euros.

“La negligente actuación de la secretaria municipal le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino”

“Si tenemos en cuenta no solo los 1.300.000 euros de la indemnización, sino también los en torno a 400.000 euros que el Ayuntamiento ha gastado además en este caso, en procedimientos judiciales, informes jurídicos y técnicos, peritajes, etc… la negligente actuación de la secretaria municipal le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino”, explica Luis Marcos.

Además, el Consistorio inició en 2010 un Expediente de Responsabilidad Patrimonial contra los corporativos que aprobaron la licencia de obras ilegal y los técnicos municipales responsables de esta decisión, incluida Dolores Calleja. La secretaria está en estos momentos suspendida de sus funciones, tras la denuncia presentada en 2012, por si su gestión en la concesión de las licencias pudiese ser constitutiva de delito. De ahí que, el Partido Castellano considera que Dolores calleja no está habilitada para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, y pida la alcalde, Javier Lacalle, que la cese.

El Partido Castellano cuenta con un representante en el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, Daniel Martínez, en una corporación municipal en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta.

Fuente: burgosconecta.es

QUE HACE ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUMPLIR LEGALIDAD

Salvador de Foronda desvela que la Sala Montecarlo no tiene ni ha tenido licencia para funcionar                 

La Sala Montecarlo lleva funcionando más de un año sin licencia, según ha anunciado esta mañana el concejal de Policía Salvador de Foronda. Y lo ha hecho para advertir a los burgaleses que ni el cotillón programado por la Montecarlo ni el de la cafetería La Encina pueden celebrarse ya que carecen de licencia.

Como cada año el alcalde de Burgos dicta un bando para que aquellos negocios de hostelería cuya licencia no sea la específica para la celebración de fiestas (pubs, bares especiales o discotecas) tienen que solicitar una autorización especial al Ayuntamiento. Tras comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley, el Ayuntamiento de Burgos otorga una autorización para la noche del 31 de diciembre. Este año han sido tres los locales autorizados: el Corona de Castilla, el San Arnaldus y la Cafetería Polisón, por cierto esta última con los problemas por todos conocidos.

El caso de la Sala Montecarlo ha sido el que más ha llamado la atención ya que, como discoteca, no necesita de un permiso especial para realizar una fiesta de fin de año, salvo que, tal y como ha anunciado De Foronda, no tenga licencia De Foronda afirmado que la Sala Montecarlo “no tiene ni licencia ni autorización” al tiempo que ha confirmado que venía funcionando así desde hace un año.

Choca la pasividad y normalidad como el edil responsable de la Policía en el Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda, puede admitir el funcionamiento sin licencia de una discoteca cuya actividad era conocida, sin embargo, por toda la ciudad.

Fuente: Canal54.es

NOSOTROS PODEMOS ACABAR CON LA CORRUPCION

La corrupción política no acabará si no existe un cambio de mentalidad y actitud de la sociedad

El desencanto social hacia las “corruptelas” y hacia la clase política no deja de ser una especie de rechazo hacia la parte que menos nos gusta de nosotros mismos. O dicho de otra forma, cualquier comportamiento corrupto o poco ético de nuestros representantes no acabará nunca sin un cambio radical en la mentalidad de la sociedad.

Los españoles somos así y lamentablemente aplaudimos y apoyamos los actos corruptos cuando nos causan empatía o nos tocan de cerca. Burgos es una muy buena y lamentable muestra de ello. En los últimos años hemos asistido a episodios que sólo pueden calificarse de lamentables. Por ejemplo, el propietario de la Cafetería Polisón, en el Teatro Principal, llevaba sin abonar la luz y el agua de su establecimiento 10 años, con cargo al herario público. La respuesta del ciudadano, previa sorpresa inicial, ha sido continuar como si nada. Incluso después de saberse que su contrato había caducado hace 6 años y que el Ayuntamiento de Burgos ha iniciado el desalojo por la vía judicial, el negocio no está falto de clientes.

Otro caso, de tantos, es el de los famosos conciertos del Vagón del Castillo o del restaurante Buenas Noches Burgos, ambos de la misma empresa. Se realizan sin licencia. Esto es público, notorio y hasta admitido por algunos propietarios, por lo que el público asistente lo sabe, lo admite y lo apoya con su presencia. Pero no pasa nada.

Hace unos días saltó a la palestra pública la situación de las empresas Pecaditos y La Sirenita, con la colocación de terrazas sin permisos, obras sin licencias y la intervención de una concejal para rebajar sanciones. ¿Cual ha sido la respuesta de los clientes? Una vez más el apoyo sin condición.

Es verdad que en España quienes tienen la oportunidad de meter la mano en la caja son quienes representan a todos, nuestros políticos. Pero ellos son un fiel reflejo de la sociedad que admite y permite bajo según qué premisas justificando que “si mal está esto mucho peor es aquello otro…”. Y suma y sigue.

Por si hay alguna duda del índice de moral no sólo seguimos premiando la ilegalidas sino que además tenemos una facilidad pasmosa para castigar a quien reclama el cumplimiento de la legalidad.  En Burgos nunca han faltado críticas a quienes denuncian hechos ilegales, nunca ha faltado castigo a quienes piden o exigen el cumplimiento de la legalidad.

Con este modelo de sociedad ¿consideramos que jueces y políticos actuan mal? Porque da la sensación es que la política y la justicia española muchas veces son un fiel reflejo, corregido y aumentado, de la sociedad nacional.

Fuente: Canal54.es

DIFERENCIA ENTRE RESPOSABILIDAD POLÍTICA Y PENAL

Diferencia entre responsabilidad política y Penal: Dolores Calleja

 

Tras el conocimiento de la nada presentable intervención de la Concejal Delegada de Licencias, Dolores Calleja, en el conocido caso Pecaditos y La Sirenita, si Burgos fuera realmente Europa, y si nuestros políticos tuvieran un poco de decencia, (al menos tanta como la de sus compañeros de los países de la Europa avanzada), lo que debiera haber hecho es presentar su dimisión.

Las responsabilidades políticas no necesitan una condena penal, sino sencillamente la evidencia de un comportamiento ajeno de la mínima honorabilidad, imparcialidad y respeto a lo de todos.

Por eso, cuando parece evidenciado que la Concejala ha intervenido en distintos momentos, no para hacer que se cumpla el principio de igualdad ante la ley, ni para hacer que quien venía reiteradamente incumpliendo las normas, fuera objeto de los oportunos expedientes sancionadores y sanciones, sino para todo lo contrario.

¿Qué no habrá estado haciendo la Concejala con otras licencias?

A todo lo anterior se suma el otorgamiento de una licencia totalmente ilegal de una bocatería  en la Plaza de las Bernardas -que lleva funcionando allí más de 1 año-, y a la que en modo alguno pudo otorgarse licencia, ya que según el Decreto de Zonas Saturadas, desde el año 2004 no se podían otorgar licencias de hostelería en estas zonas. Sin embargo la SuperConcejala, haciendo “de su capa un sayo” dio al menos una (serían amigos de ella, o quien sabe si de Bárcenas o de quien).

¿Habrá más casos?

Los hechos son los que hablan, y salvo que la concejala sepa dar un explicación conforme a derecho a los indultos imposibles, al “tráfico de influencias-corrupción administrativa” o a las licencias presuntamente “prevaricadoras”, ya va siendo buen momento de reflexionar sobre si tras todo esto  tiene algún presente o futuro en política. No hay que esperar en el cargo a la espera que los tribunales digan nada.

Fuente: Canal54.es

HABER SI ESTA VEZ LA JUSTICIA ACTÚA

José Miguel Mateo, Rosario Pérez y Javier Ojer, UPyD CyL, comparecieron hoy en Burgos

Lunes, 23 de Diciembre de 2013

La Fiscalía ve indicios de delito en Caja de Burgos

La Fiscalía ve indicios de delito en algunas de las actuaciones del Consejo de Administración de la extinta Caja de Burgos y, después de seis meses desde que UPyD denunció supuestos casos de administración fraudulenta y desleal, el fiscal da traslado al Registro General para que se investigue desde el juzgado que corresponda.

El Fiscal Santiago Mena ha presentado la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal en el Registro General de Burgos, para su reparto al Juzgado de Instrucción que corresponda en virtud al escrito presentado por UPyD el 20 de junio.

RADIO ARLANZÓN

UPyD tenía conocimiento de esta actuación del Fiscal el pasado viernes y la formación valora la actuación de la Fiscalía.      

Unión, Progeso y Democracia  apreció irregularidades en la concesión de créditos al presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, quien recibió entre 2005 y 2010 un total de 34 millones en créditos de Caja de Burgos. Arribas y sus empresas acumularon el 93 % de los créditos que se concedieron a miembros de los órganos de dirección en esos seis años (la mayor parte del los créditos se concedieron a INDASA, una peletera instalada en Burgos que llevaba años de pérdidas y que finalmente dejó una deuda con Banca Cívica de unos 12 millones de euros. La empresa entró en concurso de acreedores en 2011, y al cerrar en 2012 despidió a 95 empleados.   La formación magenta documentó, además, como estos créditos se concedieron en condiciones ventajosas, por debajo de los tipos de mercado vigentes y como se dieron sin las suficientes garantías. 

El otro hecho denunciado se trata del cobro irregular de diversas cantidades por parte de cinco miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Control de Caja de Burgos, entre febrero y junio de 2011 y en relación con el proceso de integración de la entidad con Banca Cívica (José Mª. Arribas, 61.000 €; Emilio Jordán, unos 27.000 euros, el vicealcalde del actual Ayuntamiento de Burgos, Ángel Ibáñez, habría percibido 24.000 €; y Julio Roberto González y Ángel Calvo que habrían cobrado cada uno 1.170 euros).           

Unión Progreso y Democracia vio desde el primer momento, que en Caja de Burgos se estaba siguiendo la misma dinámica que ha llevado a la quiebra a cuarenta de las cajas españolas y consideramos que toda esta documentación, junto con la investigación que realizaría el Ministerio Público, podría determinar la existencia de un delito de administración fraudulenta o desleal.   Han pasado seis meses y el fiscal ha actuado, UPyD se felicita de ello y agradece al fiscal su actuación ya que es conocedor que, pese al plazo de los seis meses, éste podría haber sido ampliado tanto como hubiera estimado oportuno. Queremos creer que en esta ocasión se ha actuado con diligencia y que han sido los retrasos originados en la entrega de la documentación solicitada a los requeridos los que han hecho que se apuren los plazos.   Por lo tanto, desde la formación magenta concluyen que respetando la “presunción de inocencia” que corresponde a todos los denunciados, el Fiscal ha apreciado que en los hechos denunciados existen “razonables indicios suficientes de ilegalidad” como para ser trasladada por el fiscal su denuncia a los juzgados de instrucción.    

Igualmente, desde UPyD quieren mostrar la voluntad de colaboración en todo momento con el juzgado que se haga cargo de este caso. La formación magenta confía en la Justicia y va a seguir poniendo en conocimiento de ella todos aquellos hechos que ilícitamente, en su opinión, han contribuido a la ruina de las Cajas de Ahorro.    

Fuente: Radio Arlanzón

ESTE AYUNTAMIENTO SIEMPRE INCUMPLIENDO LA LEGALIDAD

El Ayuntamiento de Burgos se expone a las denuncias de los ciudadanos por usar las videocámaras fuera de plazo

El Ayuntamiento de Burgos se expone a múltiples denuncias de los ciudadanos burgaleses por la captación de su imagen en la vía pública debido al funcionamiento irregular de las mismas.

Un esquivo Salvador de Foronda, confirmaba esta mañana a Canal 54 que el plazo de la primera renovación de la autorización para grabar en la vía pública finaliza a finales del mes de diciembre. Da la sensación de que el edil responsable de la Policía Local, área encargada de la gestión de estas cámaras, se confunde con los plazos. De entrada este plazo no cuadra con los documentos que Canal54.es ha venido publicando en los últimos días donde el primer edil, Javier Lacalle, confirmaba que la autorización se notificó al Ayuntamiento el 14 de noviembre de 2011, por lo tanto, la renovación después del primer año no podría haberse producido nunca más allá del 14 de noviembre de 2012 y la segunda, la que según De Foronda se está utilizando actualmente, no habría ido más allá del 14 de noviembre de 2013.

Sólo con esa  premisa el Ayuntamiento habría puesto en marcha las cámaras 1 mes y 4 días fuera de plazo y sin la renovación aprobada por la Comisión de Garantías de Videovigilancia. Pero es que aunque el plazo confirmado esta mañana por el edil de Seguridad Ciudadana fuera cierto, las cámaras dejarían de funcionar legalmente el 1 de enero de 2014. Y es que según el documento al que ha tenido acceso Canal54.es, el Ayuntamiento de Burgos no registró en la Subdelegación del Gobierno la solicitud de renovación hasta el 25 de noviembre, un mes antes de finalizar el plazo según De Foronda. La ley es tajante al respecto, dichas solicitudes deben realizarse como mínimo con 2 meses de antelación.  En caso de no ser así el Ayuntamiento de Burgos debería iniciar nuevamente el trámite para solicitar la colocación de las cámaras, según señala el Real Decreto 596/1999 que regula esta situación cita en el artículo 10.3 “si no se formula la solicitud de renovación en los plazos señalados en el apartado anterior, habrá de tramitarse como una nueva autorización”.

Fuente: Radio Arlanzón

LA INCOMPETENCIA DE REBOLLO

Ocho nuevas paradas no tendrán uso hasta que cambie el mapa de líneas

C.M. / Burgos - viernes, 20 de diciembre de 2013

Rebollo da por cumplido el contrato y justifica las obras en 80 postes y marquesinas en que están calles por las que siempre pasará el bus

Coincidiendo con el diseño del nuevo mapa de autobuses, el Ayuntamiento acometió un ambicioso proyecto para reestructurar 80 de las 500 paradas e instalar otras nuevas para dar servicio a zonas en expansión urbanística con un gasto de 233.000 euros.
Precisamente, ocho de nueva instalación no tendrán uso al ser concebidas dentro de los cambios que suponía pasar de 32 a 16 líneas. Es el caso de las ubicadas en la zona de Villímar y de la estación de tren y que están colocadas en las calles Conde Lucanor con Esteban Sáez Alvarado y Padre Conde, Duques de Palma, Esteban Granado y Amadís Gaula o en el Camino de los Andaluces, dirección a Villímar y al centro. También se ha ubicado otra en la calle Madrid, junto a la residencia de San Agustín, en la que iba a parar el autobús hiciera el recorrido por el bulevar desde la carretera de Arcos. A otras 11 de nueva colocación, sí se les está dando uso. «Las ocho no van a ser utilizadas hasta que la remodelación del mapa, pero la inversión que se ha realizado va a servir en un futuro porque son zonas en expansión y el autobús pasará por ellas», apuntó el edil de Movilidad, Esteban Rebollo.
Las obras de remodelación también han supuesto la eliminación de 38 postes que estaban ubicados en zonas por las que no iba a pasar el autobús con el nuevo mapa, pero que se han mantenido dado que no ha entrado en vigor. Sin embargo, se han sustituido por la señal S19, que es color azul con el dibujo de un autobús y que está homologada.
También ha habido 24 actuaciones en marquesinas. Algunas de ellas se han trasladado a lugares en los que eran más necesarias. Es el caso de las ubicadas delante y en frente al antiguo hospital General Yagüe, en las traseras de Comisaría o en el instituto Diego Marín Aguilera.
Paralelamente se han cambiado de sitio cuatro paneles informativos. Por ejemplo, el de Padre Aramburu se ha colocado en el nuevo hospital y se han movido unos metros el del paseo de la Isla y el de Pozanos.
Rebollo justificó la actuación en las 80 paradas antes de aprobarse el nuevo mapa en que están enclavadas en corredores principales de la ciudad y por ellos «siempre pasarán los autobuses».

Denuncia del PCAS

Por su parte, el Partido Castellano (PCAS) estudia la posibilidad de llevar a Esteban Rebollo a los tribunales por «malgastar fondos públicos». En este sentido, aluden a las obras de las paradas y a la contratación de una empresa constructora para el diseño del nuevo mapa de autobuses. «La actuación de Esteban Rebollo es deplorable y puede ser constitutiva de un delito de malversación de fondos públicos», indican en un comunicado.

Fuente: Diario de Burgos