martes, 8 de octubre de 2013

¿HAY CORRUPCIÓN EN BURGOS?

Fernández Santos denuncia corrupción en el Ayuntamiento de Burgos amparada por políticos y cargos de libre designación

El concejal socialista Antonio Fernández Santos, ha denunciado de forma rotunda la existencia de corrupción en el Ayuntamiento de Burgos, señalando quienes son, a su juicio, quienes sostienen dicha corrupción.
A Fernández Santos no le duelen prendas en reconocer que dicha corrupción se sustenta en los responsables políticos pero también en algunos funcionarios.
En este sentido ha llegado a mencionar el nombre del jefe de infraestructuras, Luis Mariano Arce y de la gerente de urbanismo, Rosario Martín, dos cargos de libre designación que vienen firmando y redactando informes, según ha denunciado el PSOE en varias ocasiones, afines a los intereses políticos.
Cabe recordar que en no pocas ocasiones se han emitido informes para recomendar a las administraciones que cualquier tipo de adjudicación o informe viniese respaldado por funcionarios de carrera y no de libre designación, para evitar suspicacias y ceñirse estrictamente a cuestiones técnicas.
Con respecto a los funcionarios citados por Fernández Santos, es indudable, a menos, en el caso de Arce, que todos sus informes apoyan de forma reiterada las tesis que defiende el Partido Popular.
Fuente: Canal54

viernes, 4 de octubre de 2013

¿QUÉ TIENE QUE ESCONDER ESTE AYUNTAMIENTO?

Mena afea a los ayuntamientos su «poca colaboración» con la Fiscalía

I. Elices / Burgos - viernes, 27 de septiembre de 2013
El máximo representante del Ministerio Público en Burgos considera que la cooperación del Consistorio de la capital con su institución es «manifiestamente mejorable»
El fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, aprovechó la presentación de la memoria del año 2012 para enviar un duro recado a las administraciones públicas, «por su escasa o nula colaboración» con el Ministerio Público a la hora de aportar los documentos e información que esta institución les solicita para llevar a cabo distintas investigaciones.

No todas las administraciones se muestran igual de reticentes a la hora de cooperar con la Fiscalía. Mena focalizó sus críticas sobre todo en los ayuntamientos y en las confederaciones hidrográficas (del Duero y del Ebro).
Los consistorios por norma general son remisos a la hora de aportar la información que les requiere el fiscal y, en el caso del de Burgos, el más importante de la provincia,  su colaboración «es manifiestamente mejorable, dependiendo del asunto del que se trate». «Podrían facilitarnos más nuestra labor», advirtió.
En este sentido, señaló de que las empresas también ponen bastantes pegas a la hora de enviar las comunicaciones solicitadas, pero  esta práctica resulta «más comprensible» en el caso de las entidades privadas, «que al final velan por sus intereses». Las multinacionales, las empresas de telecomunicaciones y la banca son las más reacias a la colaboración.
Hay que recordar que el Banco de España aún no ha remitido a la Fiscalía de Burgos la documentación para investigar la denuncia de UPyD contra el anterior consejo de Administración de Caja de Burgos por la presunta comisión de un delito de administración desleal. La entidad, por contra, «ha enviado la mitad de los informes solicitados», indicó ayer Santiago Mena.
El pasado año la Fiscalía de Burgos inició de oficio 91 diligencias de investigación, un 34% más que las 68 que llevó a cabo en 2011.  
Los asuntos penales en 2012, subrayó el fiscal jefe, descendieron un 5% respecto al año precedente, «en una tendencia que se remonta a más años atrás». De todas las diligencias que abre, un 80% se quedan en nada. Lo que ha apreciado el Ministerio Público es que los ciudadanos cada vez atinan más en sus denuncias, ya que el número de calificaciones ha aumentado un 14% a pesar de que el número global de delitos disminuye.
Según detalló el fiscal jefe, han descendido un 13% las diligencias urgentes, aquellas que concluyen en un juicio rápido, un proceso judicial  que termina con un 87% de sentencias de conformidad entre las partes.
Todos los delitos contra el patrimonio han disminuido, si bien las estafas, sobre todo cometidas por internet, experimentaron un repunte, igual que las agresiones sexuales y los delitos contra la salud pública (tráfico de drogas).
En la actualidad el Ministerio Público en Burgos cuenta con 18 fiscales y 16 funcionarios, cuya sede se encuentra en el edificio de juzgados de Reyes Católicos. La plantilla se mantiene respecto a la de ejercicios precedentes y, según adelantó ayer Santiago Mena, «no está previsto que experimente ninguna variación, ni al alza ni a la baja».
Fuente: Diario de Burgos

TODOS LOS BURGALESES QUEREMOS QUE SE HAGA JUSTICIA


UPyD exige que el caso ‘Caja de Burgos’ vaya ya al juzgado

Han pasado tres meses desde que el partido UPyD presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia contra el expresidente de Caja de Burgos José María Arribas y todos los miembros del consejo de administración por cometer supuestas irregularidades en la concesión de créditos por valor de 34 millones de euros a empresas vinculadas a Arribas entre los años 2005 y 2010. Y todo sigue igual, según explicó Javier Ojer, coordinador local de la formación magenta. 
La situación de paralización de este procedimiento se debe, según los representantes de UPyD, a las «obstrucciones» a la labor de la Fiscalía por parte del Banco de España y la Fundación Caja de Burgos. Ojer recordó que el fiscal jefe, Santiago Mena, lamentó que se haya pedido información a estas dos instituciones para completar las diligencias del caso y que no haya obtenido respuesta, «cuando están obligados por ley a responder», según Ojer. En este punto, a falta de tres meses para que se cumpla el plazo que tiene la Fiscalía para determinar si hay indicios de delito o no, cuando el caso debería derivarse a un juzgado de Instrucción. En opinión del coordinador territorial en funciones de UPyD, Rafael Delgado, es «triste ver cómo un fiscal pide información y no se le da». Y criticó que dar información no es que «si piden un documento no puedes enviar un camión de documentos». 
Las quejas hechas públicas por la Fiscalía respecto a este caso son un motivo más que esta formación considere que «hay irregularidades en la gestión y hechos punibles». Es más, según Delgado, «estamos más convencidos ahora». Lo que hace, añadió, que sea el momento para que esta denuncia pase a un juzgado. Respecto a si UPyD va a dar el paso de formular directamente la denuncia en el juzgado, Delgado aseguró que está «sobre la mesa», y reiteró el «máximo respeto a la actuación del fiscal». El líder regional de la formación magenta criticó que «hay personas en la política y los alrededores que piensan que son una casta aparte y que pueden hacer lo que quieran». 
La denuncia presentada en junio por UPyD indicaba que el 93% de los préstamos que Caja de Burgos concedió a miembros del consejo de administración fueron a parar a Arribas, para una empresa -Indasa-, de la que era el presidente del consejo, y que entró en concurso de acreedores. Según los abogados de este partido, los préstamos se apoyaron solo con garantías personales y sin control de la Junta. El expresidente de la entidad señaló entonces que se cumplió «escrupulosamente» con la legalidad.
Fuente: Correo de Burgos