PCAS pide que se cese a la concejala Dolores Calleja
Como secretaria municipal en Merindad de Río Ubierna, Calleja no impidió la concesión presuntamente ilegal de una licencia para construir 11 viviendas
Dicha licencia fue anulada por los tribunales, que exigieron la demolición de las construcciones. El Ayuntamiento tendrá que indemnizar a la empresa
El Partido Castellano considera que Dolores Calleja no está habilitada para llevar el área de Licencias y Vivienda en Burgos capital
El Partido Castellano (PCAS) pide que se cese a la concejala de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, Dolores Calleja, al considerar que está “inhabilitada” para el desarrollo de sus funciones municipales, ante su implicación en la presunta aprobación ilegal de una licencia en el Consistorio de Merindad de Río Ubierna, de donde es secretaria municipal. Implicación que está siendo investigada judicialmente, tras la presentación de una denuncia en 2012 por si su actuación en la concesión ilegalmente de una licencia de obras para 11 viviendas en Villaverde Peñahorada pudiese ser constitutivo de delito.
De acuerdo con el escrito presentado por el secretario de Organización del PCAS, Luis Marcos, en el registro del Ayuntamiento de Burgos, los hechos se remontan a 2005. La Comisión de Gobierno de Merindad de Río Ubierna otorgó una licencia de obras para la construcción de 11 viviendas en la localidad de Villaverde Peñahorada, “de manera fehacientemente contraria a las nuevas normas subsidiarias de la localidad, y en particular, de las nuevas disposiciones relativas al retranqueo obligado de las construcciones a las vías interurbanas”. Por ese motivo,“el proyecto de construcción para el que se concedió licencia era inviable”.
Licencia anulada
“Estos hechos inhabilitan a Dolores Calleja para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda, que agrupa las áreas de Servicios y de Obras”.
Dicha licencia de obras fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos nº2, en abril 2008, sentencia ratificada en marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por aquel entonces, recuerda Marcos, Dolores Calleja, era secretaria del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna (y sigue siéndolo en la actualidad), por lo que era “la máxima responsable administrativa” en la tramitación de las licencias, pero en el expediente no se incluye ningún tipo de informe jurídico en el que se advierta de que la concesión de esas licencias era inviable.
El propio Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna califica, en un Decreto de Alcaldía de 2011, “de desidia incomprensible, que como mínimo debe ser calificado de imprudente y desde luego, de negligente”, la gestión de Calleja, insistiendo en que “el desconocimiento de la normativa urbanística aplicable y de la normativa administrativa son inexcusables, configurando un claro supuesto de falta de diligencia en el ejercicio profesional del cargo, causando un grave quebranto al Ayuntamiento”. Y es que, según el PCAS, hubo numerosas denuncias de particulares, así como recursos administrativos y jurisdiccionales, pero la secretaria no emitió ningún informe al respecto.
“Estos hechos inhabilitan a Dolores Calleja para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda, que agrupa las áreas de Servicios y de Obras”.
Indemnizaciones
Las 11 viviendas de Villaverde Peñahorada fueron construidas con una licencia ilegal, anulada judicialmente, con la obligación de retrotraer las actuaciones urbanísticas a su situación inicial, según explican desde PCAS. Esto quiere decir que se obligó a derribar los edificios, aunque, a fecha de hoy, dicho derribo aún no se ha producido. Sí existe un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa constructora, Redebur, para indemnizarla con 1.300.000 euros por todos los conceptos, de los cuales ya ha percibido 500.000 euros.
“La negligente actuación de la secretaria municipal le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino”
“Si tenemos en cuenta no solo los 1.300.000 euros de la indemnización, sino también los en torno a 400.000 euros que el Ayuntamiento ha gastado además en este caso, en procedimientos judiciales, informes jurídicos y técnicos, peritajes, etc… la negligente actuación de la secretaria municipal le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino”, explica Luis Marcos.
Además, el Consistorio inició en 2010 un Expediente de Responsabilidad Patrimonial contra los corporativos que aprobaron la licencia de obras ilegal y los técnicos municipales responsables de esta decisión, incluida Dolores Calleja. La secretaria está en estos momentos suspendida de sus funciones, tras la denuncia presentada en 2012, por si su gestión en la concesión de las licencias pudiese ser constitutiva de delito. De ahí que, el Partido Castellano considera que Dolores calleja no está habilitada para continuar al frente de la Concejalía de Licencias y Vivienda del Ayuntamiento de Burgos, y pida la alcalde, Javier Lacalle, que la cese.
El Partido Castellano cuenta con un representante en el Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna, Daniel Martínez, en una corporación municipal en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Fuente: burgosconecta.es
“La negligente actuación de la secretaria municipal le ha supuesto a los 1.400 ciudadanos la cantidad de 1,7 millones de euros, la friolera de 1.215 euros por vecino”
